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Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles - Segunda parte - Aplicando la doctrina católica a las principales cuestiones: Resumen de las posturas políticas adoptadas por la USCCB

 
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63. La política tiene que ver tanto con valores y cuestiones como con candidatos y quienes ejercen cargos públicos. En este breve resumen, nosotros, los obispos, llamamos la atención sobre cuestiones con importantes dimensiones morales que deberían ser objeto de consideración en cada campaña electoral y cuando se tomen decisiones políticas en los años venideros. Como indican las descripciones que siguen a continuación, algunas cuestiones tratan principios que nunca deben ser violados, como el derecho fundamental a la vida. Otras reflejan nuestro juicio acerca de la mejor manera de aplicar los principios católicos a cuestiones políticas. Ningún resumen podría reflejar plenamente la profunda riqueza y detalles de las posiciones tomadas a lo largo del trabajo de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB, por su sigla en inglés). Mientras que las personas de buena voluntad a veces eligen maneras diferentes de aplicar algunos de nuestros principios y obrar según ellos, los católicos no pueden ignorar sus ineludibles retos morales o simplemente descartar la orientación o directrices políticas de la Iglesia que surgen de estos principios. Para una información más completa de estas directrices políticas y sus fundamentos morales, véanse las declaraciones enumeradas al final de este documento.

La vida humana

64. Nuestra declaración Vivir el Evangelio de la vida, de 1988, declara que: "El aborto y la eutanasia se han convertido en amenazas preeminentes a la dignidad humana porque atacan directamente a la vida misma, el más fundamental de los bienes humanos y la condición para todos los demás" (no. 5). El aborto, el asesinato deliberado de un ser humano antes de su nacimiento, nunca es aceptable y siempre debe ser rechazado. La clonación y la destrucción de embriones humanos para la investigación científica o incluso para curas potenciales están siempre mal. Tomar deliberadamente la vida humana mediante el suicidio asistido y la eutanasia no es una obra de misericordia, sino un asalto injustificado a la vida humana. El genocidio, latortura y el ataque directo e intencionado a los no combatientes en una guerra o ataque terrorista siempre están mal.

65. Las leyes que legitiman cualquiera de estas prácticas son profundamente injustas e inmorales. Nuestra Conferencia apoya las leyes y políticas que protegen la vida humana en el mayor grado posible, incluida la protección constitucional de los no nacidos y los intentos legislativos de terminar con el aborto y la eutanasia. También promovemos una cultura de la vida al apoyar leyes y programas que promueven el nacimiento de niños y la adopción en lugar del aborto, y al buscar soluciones a la pobreza, brindar cuidado médico y ofrecer otros tipos de ayuda a las mujeres embarazadas, a los niños y a las familias.

66. La USCCB llama a una mayor asistencia para los enfermos y moribundos, mediante un sistema de salud disponible para todos y un cuidado paliativo efectivo y compasivo. Reconocemos que tratar esta situación compleja de manera efectiva requerirá los esfuerzos colaboradores de los sectores público y privado y de los partidos políticos. Las políticas y decisiones respecto a la biotecnología y la experimentación humana deberían respetar la dignidad inherente de la vida humana desde su origen, sean cuales fuesen las circunstancias de este. El respeto a la vida y dignidad humanas también es la base de los esfuerzos fundamentales para tratar y erradicar el hambre, las enfermedades, la pobreza y la violencia que se llevan la vida de tantas personas inocentes.

67. Los católicos también se deben esforzar en evitar la guerra y promover la paz. Las naciones deben proteger la dignidad de la persona humana y el derecho a la vida buscando maneras más eficaces de prevenir conflictos, de resolverlos mediante medios pacíficos y de promover la reconstrucción y reconciliación tras la estela de los conflictos. Las naciones tienen el derecho y la obligación de defenderse del terrorismo, la agresión y amenazas similares a la vida humana y al bien común. Este deber requiere respuestas eficaces contra el terror, valoraciones morales de los métodos usados y moderación en su uso, respeto de los límites éticos en el uso de la fuerza, un enfoque a las raíces del terror y una distribución justa del peso que conlleva responder al terror. La Iglesia ha planteado las preocupaciones morales fundamentales concernientes al uso preventivo de la fuerza militar.8 Nuestra Iglesia honra el compromiso y sacrificio de quienes sirven en las fuerzas armadas de nuestra nación y también reconoce el derecho moral a la objeción de conciencia a la guerra en general, una guerra en particular o a un procedimiento militar.

68. Incluso cuando la fuerza militar puede ser justificada como último recurso, esta no debería ser indiscriminada o desproporcionada. Los ataques directos e intencionados contra los no combatientes en una guerra y actos terroristas nunca son moralmente aceptables. El uso de armas de destrucción masiva y otras tácticas de guerra que no distinguen entre civiles y soldados es fundamentalmente inmoral. Estados Unidos tiene la responsabilidad de trabajar para revocar la proliferación de armas nucleares, químicas y biológicas y de reducir su propia dependencia de armas de destrucción masiva mediante la búsqueda del desarme nuclear progresivo. También debe poner fin al uso de minas antipersonales y reducir su papel predominante en el comercio global de armas. La guerra en Iraq hace que nos enfrentemos a decisiones morales urgentes. Apoyamos una "transición responsable" que ponga fin a la guerra de tal manera que reconozca la continua amenaza del extremismo fanático y el terror global, que minimice la pérdida de vidas humanas y responda a la crisis humanitaria en Iraq, a la crisis de refugiados en la región y a la necesidad de proteger los derechos humanos, especialmente la libertad de la religión. Esta transición debería transferir los recursos de la guerra a responder a las necesidades urgentes de los pobres.

69. La sociedad tiene el deber de defender la vida de la violencia y ayudar a las víctimas de crímenes. Sin embargo, la dependencia de nuestra nación en la pena de muerte no puede ser justificada. Ya que tenemos otros medios de proteger a la sociedad que son más respetuosos de la vida humana, la USCCB apoya los esfuerzos por poner fin al uso de la pena de muerte y, mientras tanto, a contener su utilización mediante un uso más amplio de la evidencia que aporta el ADN, el acceso a abogados efectivos y a los esfuerzos por solucionar la falta de equidad y justicia relacionadas a la aplicación de la pena de muerte.

La vida familiar

70. La familia es la célula básica de la sociedad humana. La función, las responsabilidades y las necesidades de las familias deberían ser prioridades nacionales centrales. El matrimonio debería ser definido, reconocido y protegido como un compromiso de por vida entre un hombre y una mujer, como la fuente de la próxima generación y el refugio protector de los niños. Las políticas de impuestos, trabajo, divorcio, inmigración y bienestar deberían ayudar a las familias a permanecer unidas y deberían recompensar la responsabilidad y el sacrificio que se hacen a favor de los hijos. Los salarios deberían permitir a los trabajadores mantener a sus familias y debería haber ayuda pública disponible para ayudar a las familias pobres a vivir con dignidad. Tal ayuda debería ser proporcionada de manera que promoviese la consiguiente autonomía económica.

71. Los niños deben ser valorados, protegidos y apoyados. Como Iglesia, afirmamos nuestro compromiso de proteger y cuidar del bienestar de los niños en nuestras propias instituciones y en toda la sociedad. Nos oponemos a mandatos de contraceptivos obligatorios en programas públicos y planes de salud, los cuales ponen en peligro los derechos de la conciencia y pueden interferir con el derecho de los padres de familia a guiar la formación moral de sus hijos.

72. Los padres —los primeros y más importantes educadores— tienen el derecho fundamental a elegir la educación que mejor responda a las necesidades de sus hijos, incluidas las escuelas públicas, privadas y religiosas. El gobierno, por medios tales como los créditos fiscales y becas de fondos públicos, debería ayudar a proveer recursos para padres de familia, especialmente aquellos con medios modestos, para que ejerzan este derecho fundamental sin ser discriminados. Los estudiantes en todos los contextos educacionales deberían disponer de oportunidades de formación moral y de carácter.

73. Los medios de comunicación impresos, de difusión y electrónicos forman la cultura. Para proteger a los niños y las familias, hace falta una regulación responsable que respete la libertad de expresión a la vez que también tengan en consideración las políticas que han rebajado los estándares que han permitido material cada vez más ofensivo y reducido las oportunidades de programación religiosa de carácter no comercial.

74. La normativa legal debería limitar la concentración del control de medios de comunicación, resistir a directivos que buscan primordialmente obtener beneficios y promover una variedad en la programación, incluida la programación religiosa. El sistema de clasificación de programas de televisión y la tecnología apropiada pueden ayudar a los padres de familia a la hora de supervisar los programas que ven sus hijos.

75. Internet ofrece tanto grandes beneficios como problemas importantes. Los beneficios deberían estar disponibles a todos los estudiantes, independientemente de los ingresos familiares. Ya que el acceso a material pornográfico y violento es cada vez más fácil, es necesaria la aplicación contundente de las leyes ya existentes contra la obscenidad y la pornografía infantil, así como lo es la tecnología que ayude a los padres, escuelas y bibliotecas a bloquear materiales indeseados o nocivos.

La justicia social

76. Las decisiones e instituciones económicas deberían ser evaluadas según hayan protegido o devaluado la dignidad de cada persona humana. Las políticas sociales y económicas deberían promover la creación de puestos de trabajo para todos aquellos que puedan trabajar, con condiciones laborales decentes y salarios justos. Las barreras que no permiten salarios y puestos de trabajo en igualdad de condiciones para mujeres y para quienes sufren discriminación injusta deben ser erradicadas. La doctrina social católica apoya el derecho de los trabajadores a elegir si quieren o no organizarse, pertenecer a un sindicato, negociar colectivamente y hacer uso de estos derechos sin ser objeto de represalias. También afirma la libertad económica, la iniciativa y el derecho a la propiedad privada. Los trabajadores, dueños, empleadores y sindicatos deberían trabajar juntos para crear puestos de trabajo decentes, construir una economía más justa y promover el bien común.

77. Las políticas para el bienestar social deberían reducir la pobreza y la dependencia, fortalecer la vida familiar y ayudar a las familias a salir de la pobreza mediante puestos de trabajo, preparación laboral y ayuda con el cuidado infantil, el cuidado médico, la vivienda y el transporte. También deberían ofrecer un sistema de seguridad para quienes no pueden trabajar. Mejorar el crédito de los impuestos sobre ingreso (Earned Income Tax Credit) y los créditos fiscales por hijos, disponibles en forma de reembolsos a las familias con mayores necesidades, ayudará a las familias de ingresos bajos a salir de la pobreza.

78. Losgrupos de fe merecen ser reconocidos y apoyados, no como substitutos del gobierno, sino como colaboradores que responden eficazmente a los necesitados, especialmente en las comunidades y países más pobres. La USCCB apoya activamente las cláusulas de conciencia, se opone a cualquier intento de devaluar la capacidad de los grupos de fe de preservar su identidad e integridad como colaboradores del gobierno y está comprometida a proteger los derechos civiles establecidos hace tiempo, así como otras protecciones de las que gozan tanto los grupos religiosos como las personas a las que estos sirven. Las instituciones gubernamentales no deberían requerir a las instituciones católicas que comprometan sus convicciones morales para poder participar en los programas de salud o servicios sociales gubernamentales.

79. El Seguro Social debería ofrecer ingresos adecuados, continuados y fiables de una manera equitativa a los trabajadores con salarios bajo y medio y a sus familias cuando los trabajadores se jubilen o estén incapacitados y para los sobrevivientes cuando el trabajador fallezca.

80. El cuidado médico asequible y accesible es un garantía esencial de la vida humana y un derecho humano fundamental. Hay aproximadamente 47 millones de estadounidenses sin cobertura médica y esto también es una prioridad nacional urgente. La reforma del sistema de salud de la nación debe estar fundada en valores que respeten la dignidad humana, protejan la vida humana y respondan a las necesidades de los pobres y de los no asegurados, especialmente los niños nacidos y los no nacidos, las mujeres embarazadas, los inmigrantes y otras poblaciones vulnerables. Los grupos religiosos deberían poder ofrecer cuidado médico sin tener que comprometer sus convicciones religiosas. La USCCB apoya medidas que fortalezcan el Medicare y Medicaid. Nuestra Conferencia de obispos católicos defiende el cuidado médico efectivo y misericordioso que refleje los valores morales católicos para los que sufren del VIH/SIDA y quienes son drogadictos.

81. La falta de vivienda segura y accesible requiere un compromiso renovado de incrementar la oferta de viviendas de calidad y de preservar, mantener y mejorar las viviendas existentes mediante colaboraciones público-privadas, especialmente con grupos religiosos y organizaciones comunitarias. La USCCB continúa oponiéndose a la discriminación injusta en el área de la vivienda y apoyando medidas para responder a las necesidades de crédito de las comunidades de bajos ingresos y de minorías.

82.Una de las primeras prioridades en la política agrícola debería ser asegurar alimentos para todos. Ya que nadie debería tener que pasar hambre en una tierra de abundancia, las estampillas del gobierno (Food Stamps), el programa especial de nutrición para mujeres, infantes y niños (WIC, Special Nutrition Program for Women, Infants, and Children) y otros programas de nutrición tienen que ser sólidos y efectivos. Los granjeros y los trabajadores agrícolas que cultivan, cosechan y procesan los alimentos se merecen un salario justo por su trabajo, con condiciones laborales seguras y justas y con una vivienda adecuada. El apoyo a las comunidades rurales sustenta un estilo de vida que enriquece a nuestra nación. El cuidado atento del planeta y sus recursos naturales requiere políticas que apoyen la agricultura sostenible como elementos vitales de una política agrícola.

83. El mandato evangélico de "acoger al forastero" requiere que los católicos cuidemos y nos pongamos del lado de los inmigrantes, tanto documentados como indocumentados, incluidos los niños inmigrantes. Es necesario realizar con urgencia una reforma comprensiva para arreglar un sistema migratorio que es defectuoso y debería incluir un programa de trabajo temporal que proteja a los trabajadores y ofrezca un camino hacia la residencia permanente; políticas de reunificación familiar; un programa de legalización amplio y justo; acceso a protecciones legales, incluidos el debido proceso legal y programas públicos esenciales; refugio para quienes huyen de persecuciones y de la explotación, y políticas dirigidas a solucionar las causas que son el orígen de la migración. El derecho y la responsabilidad de las naciones de controlar sus fronteras y mantener la ley deberían ser reconocidos.

84. Todas las personas tienen el derecho a recibir una educación de calidad. Los jóvenes, incluidos los pobres y las personas con discapacidad, necesitan tener la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, espiritual y físicamente, permitiéndoles convertirse en buenos ciudadanos que tomen decisiones social y moralmente responsables. Esto requiere que los padres de familia tengan diversas opciones en la educación. También requiere que las instituciones educativas ofrezcan un ambiente ordenado, justo, respetuoso y sin violencia donde haya disponibles recursos profesionales y materiales adecuados. La USCCB apoya enérgicamente fondos adecuados, incluidos créditos fiscales, becas y otros medios, para educar a todas las personas independientemente de su condición personal o la escuela a la que asisten, sea esta pública, privada o religiosa. Todos los maestros y administradores se merecen salarios y beneficios que reflejen los principios de una justicia económica, así como acceso a los recursos necesarios para que los maestros se preparen para sus obligaciones tan importantes. Los servicios cuyo objetivo es mejorar la educación —especialmente de quienes están en mayor riesgo— que están disponibles para los estudiantes y maestros de las escuelas públicas también deberían, por cuestión de justicia, estar disponibles para los estudiantes y maestros de las escuelas privadas y religiosas.

85. Promover la responsabilidad moral y ofrecer respuestas efectivas contra el crimen, reducir la violencia en los medios de comunicación, apoyar restricciones razonables al acceso a armas de asalto y revólveres y oponerse al uso de la pena de muerte son particularmente importantes a la luz de la creciente "cultura de la violencia". Una ética de responsabilidad, rehabilitación y restauración debería ser el fundamento de una reforma de nuestro defectuoso sistema de justicia criminal. Debería desarrollarse un programa de rehabilitación, en vez de uno estrictamente punitivo.

86. Es importante para nuestra sociedad que se continúe combatiendo la discriminación basada en la raza, la religión, el sexo, la etnia, la condición de incapacidad o la edad, ya que estas son injusticias y ataques graves a la dignidad humana. Allí donde los efectos de discriminaciones pasadas aún perduran, la sociedad tiene la obligación de tomar pasos positivos para vencer el legado de la injusticia, incluida la acción vigorosa para destruir las barreras que impiden la educación y el trabajo en igualdad de condiciones para las mujeres y las minorías.

87. Elcuidado del planeta y del medio ambiente es una cuestión moral. Proteger la tierra, el agua y el aire que compartimos es un deber religioso de administrar sabiamente y refleja nuestra responsabilidad hacia con los niños nacidos y no nacidos, quienes son los más vulnerables en el asalto al medio ambiente. Se requieren iniciativas efectivas para conservar energía y desarrollar recursos energéticos alternativos, renovables y limpios. Nuestra Conferencia ofrece un llamado específico a tratar seriamente la cuestión del cambio climático global, enfocándose en la virtud de la prudencia, buscando el bien común y el impacto en los pobres, particularmente en los trabajadores vulnerables y las naciones más pobres. Estados Unidos debería ser líder, contribuyendo al desarrollo sostenible de las naciones más pobres y promoviendo una mayor justicia compartiendo el peso del deterioro, abandono y recuperación medioambiental.

La solidaridad global

88. Un mundo más justo promete ser un mundo más pacífico, un mundo menos vulnerable al terrorismo y a otros tipos de violencia. Estados Unidos tiene la responsabilidad de tomar el liderazgo ante el escándalo de la pobreza y el subdesarrollo. Nuestra nación debería ayudar a humanizar la globalización, tratando sus consecuencias negativas y difundiendo sus beneficios, especialmente entre los pobres del mundo. Estados Unidos también tiene la oportunidad extraordinaria de usar su poder, en cooperación con otras naciones, para construir un mundo más justo y pacífico.

  • Estados Unidos debe tomar un papel de liderazgo ayudando a aliviar la pobreza global, mediante un incremento substancial de la ayuda al desarrollo de los países más pobres, políticas comerciales más equitativas y esfuerzos continuos para levantar el peso abrumador de la deuda y las enfermedades. Los esfuerzos de nuestra nación de reducir la pobreza no deberían estar asociados a programas de control de la natalidad humillantes y a veces coactivos; más bien, estos esfuerzos deben enfocarse en trabajar con los pobres para ayudarlos a construir un futuro de esperanza y oportunidad para ellos mismos y sus hijos.

  • La política de Estados Unidos debe promover la libertad religiosa y otros derechos humanos fundamentales. El uso de la tortura debe ser rechazado como fundamentalmente incompatible con la dignidad de la persona humana y es, finalmente, contraproducente en la lucha antiterrorista.
  • Estados Unidos debe proveer apoyo político y económico a los programas y reformas beneficiosos de las Naciones Unidas, a otras instituciones internacionales y a la ley internacional, de forma que juntas estas instituciones puedan ser agentes más responsables y que respondan mejor a los problemas globales.

  • Se debe dar asilo a los refugiados que tienen un miedo bien fundado a la persecución en sus países natales. Nuestro país debe ofrecer apoyo a las personas que huyen de la persecución por medio de refugios seguros en otros países, incluido Estados Unidos, especialmente a los niños que no van acompañados, las mujeres, las victimas del tráfico humano y las minorías religiosas.
  • Nuestro país debe ser un líder —en colaboración con la comunidad internacional— a la hora de tratar los conflictos regionales de Oriente Medio, los Balcanes, el Congo, Sudán, Colombia y África Occidental.

  • El liderazgo en el conflicto entre Israel y Palestina es una prioridad especialmente urgente. Estados Unidos debe promover activamente negociaciones comprensivas que lleven a una resolución justa y pacífica que respete las reivindicaciones y aspiraciones legítimas tanto de los israelíes como de los palestinos, garantizando la seguridad de Israel, la existencia de un estado viable para los palestinos, el respeto de la soberanía del Líbano y la paz en la región.

  • Mientras que la Santa Sede y nuestra Conferencia han planteado serias preguntas morales en cuanto a la guerra en Iraq, como obispos llamamos urgentemente a nuestro país a colaborar con la comunidad internacional para buscar una "transición responsable" en Iraq y para responder a las consecuencias humanas de la guerra en Iraq y Afganistán.

La defensa de la vida humana, la promoción de la paz, la lucha contra la pobreza y la desesperación, y la protección de la libertad y los derechos humanos no solo son imperativos morales, sino que también son prioridades nacionales prudentes que harán que nuestra nación y nuestro mundo sean más seguros.

 

Notes

  1. Véase Compendio de la doctrina social de la Iglesia, no. 501.
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