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Recomendaciones al Representante Comercial de Estados Unidos respecto a las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio de Centroamérica

 

Octubre 2003

Introducción

Catholic Relief Services (CRS) es la agencia de socorro y desarrollo de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB). Nuestra perspectiva sobre el comercio internacional se basa en principios morales moldeados por una larga tradición de enseñanzas sociales en la Iglesia Católica y compartidos por muchas otras tradiciones religiosas. Estas enseñanzas mantienen que el comercio internacional, como todas las relaciones económicas, debe estar al servicio de la familia humana.

Creemos que este principio moral fundamental es central al contenido de todo acuerdo comercial que se negocie entre Estados Unidos y otras naciones, especialmente los naciones más pobres de América Latina, África y Asia. Los acuerdos comerciales deben propiciar el bien común de todos nuestros pueblos, y evitar el peligro de enriquecer a los pocos a costa de los muchos. Deben producir beneficios recíprocos para ambas partes del acuerdo. Con respecto a esto, CRS recuerda las recientes observaciones del papa Juan Pablo II sobre la globalización: “Corresponde a todos los responsables políticos y económicos emplear todos los medios posibles para que la globalización no se realice en detrimento de los más necesitados y de los más débiles, ensanchando aún más la brecha entre pobres y ricos, entre naciones pobres y ricas”.

El comercio internacional ha surgido como uno de los principales motores de la globalización y la forma primordial de intercambio económico entre Estados Unidos y muchas otras naciones, incluidas algunas que siguen recibiendo asistencia humanitaria y para el desarrollo. Tiene gran potencial para servir como vehículo que promueva una mejor calidad de vida para los miembros de la sociedad de todos los países involucrados en la relación comercial. Según nuestros principios morales, el comercio es un medio de lograr un desarrollo equitativo y democrático, no un fin en sí mismo. Un enfoque verdaderamente justo y democrático de los acuerdos comerciales y decisiones de política nacional relacionadas debe buscar el desarrollo integral de la sociedad entera. Como afirmó el papa Pablo VI: “el consentimiento de las partes, si están en situaciones demasiado desiguales, no basta para garantizar la justicia del contrario; y la regla del libre consentimiento queda subordinada a las exigencias del derecho natural... El libre intercambio sólo es equitativo si está sometido a las exigencias de la justicia social”1

CRS habla como una agencia estadounidense vinculada a 60 millones de católicos en Estados Unidos, muchos de los cuales son agricultores de granjas familiares. Nuestra declaración refleja también las voces de socios con quienes trabajamos en más de 90 países para prestar socorro humanitario, reducir la pobreza y promover un desarrollo democrático y pacífico. Los socios de CRS en la Iglesia Católica y en la sociedad civil en América Central, así como muchas audiencias aquí en Estados Unidos, han expresado preocupación sobre el impacto potencial del futuro Acuerdo de Libre Comercio Centroamericano (CAFTA, por sus siglas en inglés) sobre sus poblaciones, particularmente los pobres que conforman la mayoría de la población. Ellos creen que aunque un mayor comercio entre Estados Unidos y América Central podría traer prosperidad a los pobres y marginados en todas las naciones participantes, hay insuficientes garantías de que sus intereses serán servidos, tanto en el proceso de las negociaciones comerciales como en lo sustancial del acuerdo comercial.

Informados por nuestra perspectiva, a continuación desarrollamos nuestros puntos de vista tanto sobre el proceso como sobre lo sustancial del CAFTA, y ofrecemos recomendaciones respecto a cómo plasmar el acuerdo comercial de modo que promueva un resultado socialmente justo.

I. El proceso de las negociaciones del CAFTA

Mediante un proceso democrático y participativo auténtico, los gobiernos nacionales y sus ciudadanos pueden definir juntos las necesidades, prioridades e intereses económicos que servirán a la mayoría de su pueblo en todo acuerdo comercial internacional. CRS cree que las negociaciones del CAFTA, y el acuerdo final que produzcan, serán considerados legítimos y justos por los ciudadanos afectados en América Central y Estados Unidos sólo si se llevan a cabo de una manera democrática, transparente y responsable, incluso reconociendo las limitaciones de la democracia formal en los países centroamericanos. En noviembre del 2002, los Obispos de América Central observaron: “No nos oponemos, de antemano, a todo tipo de tratado o acuerdo comercial, que se proponga el desarrollo económico y social de nuestra región, pero vemos la urgencia de una mayor y verídica información y de un más amplio debate, para que los intereses económicos nunca perjudiquen a los ciudadanos y, en nuestro caso, especialmente a los campesinos, que resultarían ser los más afectados por estos tratados”.2

CRS desea reiterar las preocupaciones expresadas en una declaración anterior al Representante Comercial de Estados Unidos referentes a la falta de transparencia, debate público y proceso democrático en las negociaciones del CAFTA celebradas hasta la fecha. Incluso en Estados Unidos y los países centroamericanos con gobiernos democráticamente elegidos, los ciudadanos no han sido adecuadamente informados o consultados sobre el acuerdo comercial. CRS está particularmente inquieta por el acuerdo entre los seis gobiernos negociadores de no divulgar al público el texto de las negociaciones del CAFTA y por sus “acuerdos de confidencialidad” de no revelar la agenda de las sesiones de negociación, o lo sustancial de las decisiones. En Estados Unidos, el texto está clasificado como materia sensible para la seguridad nacional y la política exterior, lo cual lo exceptúa de la Ley de Libertad de Información.

Las preocupaciones sobre el proceso han aumentado con informes de socios de la sociedad civil centroamericana que han monitoreado y tratado de tomar parte en el debate y proceso de negociación en sus países. Algunos de nuestros socios de la sociedad civil en América Central que habían aceptado la invitación de sus gobiernos a participar en las discusiones de “cuarto adjunto” con los negociadores se han retirado porque encontraron que las canales de participación e influencia, tal como están actualmente diseñados, son ineficaces. Citaron la dificultad de obtener acceso a la información, las limitadas oportunidades de hace aportes a los negociadores, y la falta de respuesta a sus recomendaciones de política. Ahora están llamando a una moratoria de las negociaciones hasta que puedan alcanzarse términos más favorables para éstas.

En consecuencia, CRS solicita otra vez urgentemente que el Representante Comercial de Estados Unidos trabaje con sus contrapartes de América Central para modificar el proceso interno de negociaciones y toma de decisiones a fin de asegurar la legitimidad democrática del CAFTA, adoptando los siguientes pasos:

  • Suspender inmediatamente las negociaciones y extender significativamente el calendario de negociaciones del acuerdo del CAFTA para dar tiempo suficiente a un proceso más amplio de educación pública, debate y análisis de impacto. Esto requerirá que los funcionarios de comercio reexaminen las reglas y procedimientos de negociación a fin de posibilitar un mayor debate público y significativa participación de la sociedad civil.

  • Divulgar inmediatamente el estudio concluido en diciembre del 2002 por la Comisión de Comercio Internacional sobre los potenciales efectos económicos del CAFTA sobre la economía estadounidense, y celebrar audiencias públicas sobre el estudio.

  • Encargar otras evaluaciones independientes de los impactos potenciales sobre el empleo, la pobreza y el medio ambiente, tanto positivos como negativos, del CAFTA en Estados Unidos y América Central, y publicitar ampliamente los resultados tanto en inglés como en español.

  • Divulgar los textos de negociación del CAFTA ante el Grupo de Supervisión del Congreso así como ante el público.

  • Revocar todo “acuerdo de confidencialidad” que limite la facultad de los negociadores de divulgar la agenda o resultados de las reuniones. Por el contrario, divulgar públicamente las agendas de las reuniones, declaraciones sobre la posición negociadora del gobierno estadounidense, y declaraciones sobre el resultado de las negociaciones.

  • Buscar un acuerdo con los gobiernos centroamericanos sobre la adopción de mecanismos y procedimientos específicos de consulta y representación de la sociedad civil en el proceso de negociación, incluyendo trabajadores, ambientalistas, pequeños agricultores, pequeños empresarios, inmigrantes, mujeres y otros sectores.

II. Contenido del CAFTA

Aunque el comercio puede contribuir positivamente al desarrollo económico de América Central, debe ser visto como solamente un elemento de una estrategia mayor diseñada para promover el desarrollo equitativo y sostenible de la región. Debe ser coherente, y complementario, con otros componentes de las relaciones económicas estadounidenses con la región, tales como la asistencia exterior y la reducción de la deuda, y todo debe apuntar a la meta general de reducción de la pobreza. Igualmente, alcanzar esta meta dependerá también de la capacidad de los países centroamericanos de fortalecer sus instituciones y adoptar las políticas necesarias para fomentar un desarrollo equitativo y sostenible.

Asimismo, CRS recuerda a los funcionarios comerciales estadounidense sus compromisos asumidos en el diálogo de la Organización Mundial del Comercio en el 2001 de “tener plenamente en cuenta la dimensión del desarrollo”.3 Como el Vaticano ha observado, esto exigirá que Estados Unidos y otros países ricos adopten una “mayor flexibilidad y un enfoque decisivamente más propicio para el desarrollo de lo que se ha demostrado, acompañado por una audaz implementación de las Declaraciones de Doha dirigidas a la elaboración de nuevas reglas coherentes con las Metas de Desarrollo del Milenio”.4 De conformidad con estos compromisos, Estados Unidos debe permitir que sus socios comerciales protejan importantes metas de política pública relativas a seguridad alimentaria, nutrición, acceso a medicinas y tecnología, eliminación de la pobreza rural y protección de las comunidades y medios de sustento locales. Los acuerdos comerciales deben permitir también que las empresas e industrias locales de los países en desarrollo se vuelvan más eficientes y competitivas a fin de generar empleo para la mayoría de ciudadanos.

América Central está en situación de verse mucho más significativamente afectada que Estados Unidos por un acuerdo de libre comercio. Las exportaciones centroamericanas a Estados Unidos representan sólo 1% de todas las importaciones estadounidenses, pero las exportaciones estadounidenses a América Central representan todo un 46% de las importaciones centroamericanas. Por tanto, un acuerdo que aumente incluso modestamente el volumen de comercio entre las dos regiones podría tener efectos dramáticos sobre las economías centroamericanas. Guatemala, Nicaragua y Honduras están entre los países más pobres del mundo y en el 2002, el Foro Económico Mundial encontró que estos tres países figuran entre los diez países menos competitivos del mundo. Dada la asimetría entre el tamaño de las economías de Estados Unidos y los países centroamericanos, y entre sus niveles respectivos de desarrollo, los productores centroamericanos están en situación de quedar dominados por sus similares en Estados Unidos, más grandes, más eficientes y a menudo subsidiados.

Creemos que es esencial que los negociadores del CAFTA aborden este desequilibrio adoptando reglas comerciales que tomen plenamente en cuenta el nivel inferior de desarrollo de los países centroamericanos. Por consiguiente, un mayor comercio entre Estados Unidos y América Central debe ir acompañado por un programa deliberado de asistencia económica estadounidense diseñado para disminuir los costos y extender los beneficios del comercio a la mayoría pobre de ciudadanos. Las siguientes secciones explicarán con detalle recomendaciones específicas para el acuerdo del CAFTA y programas de asistencia relacionados.

A. Comercio agrícola

La agricultura es crucial para las economías de América Central, generando entre 20% y 30% del ingreso nacional y entre un tercio y la mitad del empleo en la mayoría de países centroamericanos. La historia de la guerra civil en América Central durante los decenios de 1970 y 1980 reveló también la magnitud en que la pobreza y desigualdad rural contribuyeron a la desintegración social, y en consecuencia cuán importante es el desarrollo rural para la paz y seguridad regional. Al presente, América Central enfrenta una grave crisis de seguridad alimentaria, debida al nivel general de pobreza y empeorada por la reciente sequía y la dramática caída del precio del café en el mercado mundial.

La continua liberalización del comercio agrícola tiene el potencial, si no es diseñada cuidadosamente, de desplazar a millones de pequeños agricultores en toda América Central, así como a pequeños agricultores en Estados Unidos. CRS tiene presente las preocupaciones expresadas por los Obispos Católicos de México, que recientemente abordaron la situación de los pequeños agricultores en México, en respuesta a la creciente agitación social en muchas zonas rurales. Los Obispos atribuyen este desasosiego a una serie de factores que incluyen, en la última década, el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Reflexionando sobre el TLCAN, los Obispos declaran que “Los resultados de este tratado [el TLCAN] han sido benéficos para algunas regiones y algunos productores del país, pero la mayoría de los productores, pequeños productores, campesinos e indígenas han visto severamente deteriorada su actividad económica y su calidad de vida... Cabe destacar que mientras los primeros se cuentan en decenas de miles, los segundos ascienden a tres millones”.5 Socios de CRS-México en todo el país informan de crecientes números de pequeños productores de maíz que dejan sus predios agrícolas y migran a las ciudades y al norte, a Estados Unidos, a causa del impacto de las importaciones de cereales de Estados Unidos. Los Obispos Católicos de Estados Unidos expresan desde hace tiempo su preocupación por la difícil situación de los migrantes indocumentados que ingresan a Estados Unidos buscando supervivencia económica para sus familias.

La experiencia del TLCAN ofrece una fuerte advertencia a los agricultores centroamericanos. CRS está inquieta por informes de que Estados Unidos está insistiendo en que América Central otorgue acceso inmediato a sus mercados a exportaciones estadounidenses de diversos productos agrícolas, mientras que sólo está permitiendo un aumento de 10% en la cuota de las exportaciones centroamericanas de azúcar.6 Tal propuesta podría causar un desplazamiento dramático entre muchos pequeños agricultores centroamericanos..

  • En consecuencia, CRS exhorta a Estados Unidos a impedir un resultado similar en América Central adoptando los siguientes pasos:

  • A la luz del colapso de las negociaciones sobre comercio agrícola mediante la OMC, abordar estas cuestiones inmediatamente mediante el CAFTA y otros acuerdos comerciales regionales si no es posible revivir las negociaciones multilaterales. Reducir sustancialmente los subsidios estadounidenses que alientan la exportación de bienes de consumo por debajo del costo real de producción, lo cual afecta adversamente a los agricultores centroamericanos así como a agricultores de otros países en desarrollo.

  • Para productos alimenticios básicos —por ejemplo maíz, frijol, arroz, carne de vacuno y productos lácteos—, permitir a los países centroamericanos la flexibilidad de usar aranceles, cuotas y medidas especiales de salvaguardia, y conceder la conservación realista, y en algunos casos indefinida, de tales mecanismos.

  • Promover normas de seguridad alimentaria consistentes que estén abiertas al escrutinio público y se basen en criterios científicos internacionalmente aceptados, con el objetivo de asegurar que tales normas no se usen como pretexto para excluir productos centroamericanos del mercado estadounidense.

  • Apoyar esfuerzos para estabilizar precios de mercancías clave exportadas por la región, tales como el café.

B. Tecnología y derechos de propiedad intelectual

Estados Unidos insiste rutinariamente en que los socios comerciales adopten protecciones legales para la propiedad intelectual como una condición para acuerdos de libre comercio, y en consecuencia es probable que haga lo mismo en el caso de los países centroamericanos.

La enseñanza social católica mantiene el derecho de la propiedad privada, pero sólo si tales derechos no se imponen a costa de proteger la vida y dignidad de la gente. Como el Vaticano observó en su declaración en la reunión de la OMC en Cancún en septiembre: “el sistema de derechos de la propiedad intelectual no sólo debe existir para proteger la creatividad sino sobre todo para servir al bien común de la familia humana”.7 El trabajo de CRS con casi dos millones de personas que viven con VIH/sida en 31 países nos obliga a apoyar fuertemente el acuerdo APDIC existente8 así como el espíritu de la declaración hecha por los ministros de comercio en Doha en noviembre del 2001. Ambos reconocen el derecho de los países a adoptar medidas para proteger la salud pública y promover el acceso a medicinas, por encima de la obligación de proteger los derechos de propiedad intelectual. Aunque el acceso a medicinas a precios asequibles es sólo un elemento de una estrategia eficaz para abordar el VIH/sida en los países pobres, es no obstante un elemento esencial.

CRS se siente alentada por el progreso hecho a fines de agosto del 2002 que permite a las naciones pobres producir o importar versiones más baratas de medicamentos esenciales para crisis de salud pública. Sin embargo, CRS ve con preocupación que el acuerdo esté rodeado de tantas condiciones de difícil implementación técnica que será muy difícil que las naciones pobres le saquen provecho. Por ejemplo, el acuerdo requiere que tanto los países productores como los países importadores obtengan licencias para todo medicamento genérico que atraviese fronteras, cargas administrativas que podrían llevar a demoras y desalentar a los productores.

CRS ve con preocupación que la incesante concentración de la propiedad de la tierra y recursos y de la comercialización y distribución de los alimentos dé el control a demasiado pocos y disminuya una participación efectiva. El patentado de recursos naturales crea un control monopólico sobre estos recursos. Socios en los países en desarrollo han expresado preocupación ante la pérdida potencial de biodiversidad, aumento de precios y sanciones comerciales asociados con el otorgamiento de tales patentes, así como la posibilidad de perder acceso a recursos tales como semillas, que han sido desarrollados a lo largo del tiempo. CRS cree que los acuerdos comerciales no deben insistir en derechos de propiedad intelectual que inhibirían seriamente la capacidad de los agricultores de usar recursos de plantas genéticas tales como las semillas para la alimentación y la agricultura. Como observó recientemente el vicepresidente de la Academia Pontificia para la Vida, obispo Elio Sgreccia, “los productos genéticamente modificados no deben servir para la utilidad exclusiva de las empresas, de las grandes industrias. Las industrias deben gozar de su justo beneficio, pero no deben convertirse en un monopolio que se convierta en un peso grave para quien se viera obligado a recurrir a estos productos”.9 Además, el principio de transparencia, y el derecho del público a estar informado, deben gobernar la comercialización de bienes de consumo compuestos por productos genéticamente modificados, tanto dentro como entre países.

En consecuencia, CRS recomienda que el acuerdo del CAFTA respete las siguientes pautas relativas a los derechos de propiedad intelectual y la tecnología:

  • Asegurar que la implementación del acuerdo referente a la producción y comercio internacional de medicinas esenciales permita genuinamente a la gente pobre acceder a tales medicinas, especialmente en la lucha contra el VIH/sida.

  • Conceder patentes por el tiempo mínimo y bajo las condiciones mínimas necesarias para proporcionar incentivos a la innovación.

  • Prohibir que intereses privados patenten productos y procesos agrícolas desarrollados a lo largo del tiempo por los productores rurales, sin su consentimiento y justa compensación.

  • Exigir que todo producto comercializado constituido por variedades genéticamente modificadas sea etiquetado adecuadamente y que los países que importan tales productos sean plenamente informados sobre su contenido genéticamente modificado.

  • Adoptar estrategias y programas que ayuden a transferir estas tecnologías a costo asequible a los países centroamericanos y otros países en desarrollo, en la medida en que tales tecnologías sean consideradas seguras y solicitadas por estos países.

C. Derechos laborales

Las elecciones económicas deben ser guiadas por un firme compromiso con la dignidad del trabajo y los derechos de los trabajadores, principios centrales de la enseñanza social católica tradicional sobre la justicia económica. El Vaticano ha declarado claramente en el contexto de las negociaciones de la OMC: “El trabajo infantil, la prostitución organizada, la esclavitud y el trabajo forzoso y la proscripción de los sindicatos nunca pueden ser parte de una política nacional o ser defendidos por el derecho de un país al desarrollo”.10

En consecuencia, el CAFTA debe ofrecer incentivos y mecanismos de protección para generar empleo estable y salvaguardar entornos de trabajo saludables y respeto por las normas laborales internacionalmente aceptadas. CRS observa que en América Central hoy en día los trabajadores de las industrias maquiladoras enfrentan grandes desafíos a su derecho a asociarse, organizarse y negociar colectivamente. Las leyes laborales mismas son inadecuadas y en algunos casos no incorporan las normas laborales fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. E, incluso cuando hay leyes sobre el papel, no son bien aplicadas. La colusión de los inspectores de trabajo del gobierno con los empleadores no es poco común.

CRS recomienda que todo acuerdo comercial con América Central debe:

  • Promover la creación de entornos de trabajo justos que aseguren empleo u oportunidades de obtener ingreso a los ciudadanos, particularmente los pobres y desfavorecidos, pequeños agricultores, pequeños productores, mujeres y pueblos indígenas.

  • Promover trabajo decente a cambio de salarios justos y en condiciones seguras y decentes.

  • Prohibir las peores formas de trabajo infantil y toda forma de trabajo forzoso.

  • Respetar y promover los derechos internacionalmente reconocidos de los trabajadores a asociarse, organizarse y negociar colectivamente.

  • Incluir mecanismos efectivos de resolución de disputas y de aplicación de la ley (aparte de la denegación de beneficios comerciales) para abordar violaciones de normas laborales fundamentales internacionalmente reconocidas.

  • Como mínimo, promover la incorporación de las normas laborales fundamentales internacionalmente reconocidas en las leyes laborales locales, en lo que corresponda.

D. Migración

El CAFTA busca abordar el movimiento de capital y bienes entre naciones, pero hasta la fecha no aborda suficientemente la cuestión relacionada del movimiento seguro y legal de trabajadores a través de fronteras en respuesta a los cambios en las oportunidades económicas. La creciente contradicción entre políticas económicas fundadas en una mayor integración económica entre Estados Unidos, México y América Central, por un lado, y políticas migratorias basadas en la separación, por el otro, probablemente socavará las metas e intereses declarados de las naciones que participan en los acuerdos comerciales.

La fuerza de trabajo inmigrante ha sido crucial para el crecimiento económico estadounidense durante el decenio de 1990, y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos predice una insuficiencia de al menos 6 millones de trabajadores en la economía estadounidense para el año 2008. Además, los inmigrantes centroamericanos en Estados Unidos están contribuyendo colectivamente al bienestar económico de sus países de procedencia, proporcionando miles de millones de dólares mediante remesas.

Los cambios en las inversiones de capital con arreglo al CAFTA probablemente ocasionarán la migración de fuerza de trabajo de las zonas rurales a las urbanas dentro de los países, entre los países centroamericanos y entre América Central y Estados Unidos. Similares tendencias se predijeron antes de la implementación del TLCAN,11 aunque esto ha llevado a poca integración o coherencia entre las políticas de comercio y de migración.

Es desde hace tiempo posición de la Iglesia Católica que las personas tienen el derecho a encontrar oportunidades económicas, políticas y sociales dentro de sus propios países a fin de vivir con dignidad. Este “derecho a no migrar”12 se basa en la convicción de que las políticas económicas deben responder a las necesidades de los sectores más vulnerables; en este caso, los que más probabilidad tienen de desarraigarse. Además, la Iglesia Católica afirma que aunque los estados soberanos tienen el derecho a imponer límites razonables a la inmigración, cuando las condiciones para una vida digna no existen y los individuos no pueden encontrar empleo en su país de origen para mantenerse a sí mismos y sus familias, tienen el derecho a encontrar trabajo en otra parte a fin de sobrevivir.13 La meta de largo plazo es el desarrollo equitativo, en que la migración sea una elección en vez de una necesidad. Sin embargo, dado que se anticipa un desplazamiento de trabajadores relacionado con el comercio, todo acuerdo debe buscar:

  • Apoyar programas de desarrollo económico y social dirigidos a zonas de actual migración interna/externa a gran escala en América Central.

  • Proporcionar asistencia técnica y económica a los países centroamericanos para predecir y prepararse para la migración de poblaciones, bien mediante programas que aborden los efectos sociales de la urbanización o bien mediante programas de capacitación a personal fronterizo e instalaciones favorables a las normas fundamentales de derechos humanos.

  • Crear mecanismos que faciliten y reduzcan el precio cobrado por la transferencia de remesas de los trabajadores migrantes a sus familias.

  • Incluir expertos en política migratoria y representantes de migrantes en la revisión y desarrollo de los acuerdos comerciales del CAFTA. A la inversa, los representantes comerciales del gobierno y la sociedad civil deben participar en el desarrollo de la política migratoria.

Al mismo tiempo, la política migratoria de Estados Unidos debe diseñarse dentro del contexto de la integración económica mayor entre Estados Unidos y sus vecinos, a fin de enfrentar la actual divergencia entre realidades económicas y manejo eficaz de la migración. Tales medidas harán posible un movimiento seguro, legal y bien manejado a través de las fronteras para beneficio tanto de los trabajadores migrantes como de las preocupaciones económicas y de seguridad de Estados Unidos.

Estas políticas migratorias deben:

  • Proteger los derechos humanos básicos de los trabajadores inmigrantes en Estados Unidos, con independencia de su situación legal.

  • Promover una profunda reforma de las leyes inmigratorias estadounidenses que incluya una legalización de amplia base de los trabajadores, incluyendo centroamericanos que hayan establecido historias laborales y lazos familiares en Estados Unidos.

  • Expandir el número de visados de trabajo para centroamericanos que ingresen a Estados Unidos como trabajadores permanentes legales, y extender estos visados a trabajadores que no sean profesionales del comercio.

  • Crear un programa de trabajadores temporales que se pueda hacer cumplir y ofrezca protecciones adecuadas a los trabajadores (salarios justos, portabilidad del empleo, beneficios laborales, etc.).

E. Asistencia exterior, reducción de la deuda y otras medidas complementarias

Juntamente con la identificación de reglas para el CAFTA que permitan igualdad de condiciones entre los países negociadores, CRS insta a Estados Unidos a hacer compromisos concretos para prestar ayuda y asistencia técnica internacional a los países centroamericanos. Tal asistencia no debe centrarse simplemente en programas de “creación de capacidad comercial” que mejoren las aptitudes de los funcionarios gubernamentales para negociar acuerdos comerciales. Por el contrario, debe ayudar a los productores centroamericanos, especialmente los pobres, a maximizar su potencial para beneficiarse del comercio, y compensar todo impacto adverso de las reglas comerciales sobre grupos específicos.

En consecuencia, CRS exhorta a Estados Unidos a asignar nuevos recursos financieros para crear o expandir programas de asistencia bilaterales o multilaterales existentes mediante la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Millennium Challenge Account [Fondo para los Desafíos del Milenio], las instituciones financieras internacionales u otras agencias oficiales de asistencia, a fin de:

  • Prestar asistencia transicional a los trabajadores rurales y urbanos de América Central que sean afectados adversamente por el incremento del comercio, con base en los resultados de evaluaciones independientes del impacto del comercio sobre grupos específicos.

  • Prestar asistencia técnica para mejorar los estándares del trabajo, el medio ambiente y la seguridad alimentaria en América Central.

  • Apoyar programas de “comercio con justicia” que busquen asegurar que los productores de América Central reciban un precio mínimo estable por sus productos, obtengan acceso directo a los mercados de Estados Unidos, gocen de oportunidades de empleo y superación, y promuevan prácticas agrícolas ambientalmente sostenibles.

  • Apoyar programas que aborden las causas fundamentales de la pobreza rural en América Central, incluyendo inversión pública en infraestructura rural, y acceso al crédito, tecnología, información, y otros recursos productivos por parte de los pequeños agricultores.

  • Trabajar mediante el FMI y el Banco Mundial para llegar a acuerdos entre los países e instituciones acreedores para reducir la deuda externa de los Países Pobres Muy Endeudados a no más del 10% de los ingresos de su presupuesto anual, o en el caso de Honduras, que está afectada por una grave crisis de salud como el VIH/sida, a no más del 5%.

III. Conclusión

El Acuerdo de Libre Comercio Centroamericano tiene potencial para estimular el crecimiento y desarrollo de la región. Dadas las enormes disparidades en la magnitud y nivel del desarrollo entre Estados Unidos y los países centroamericanos, el CAFTA debe ser construido lenta y cuidadosamente a fin de asegurar que en último término beneficie a la mayoría pobre de ciudadanos, en vez de plantear nuevas amenazas a sus medios de sustento y bienestar. Deben darse pasos urgentes para hacer el proceso de negociación mucho más transparente y participativo. A menos que la sociedad civil y otras partes interesadas tengan una participación significativa en el proceso de negociación, la legitimidad de los acuerdos se verá amenazada.

Además, lo sustancial de todo acuerdo dentro del CAFTA debe tener plenamente en cuenta el nivel de desarrollo dramáticamente menor de los países centroamericanos. Esto requerirá que Estados Unidos reduzca ciertos subsidios agrícolas, permita que los países centroamericanos limiten importaciones en el interés de promover la seguridad alimentaria, circunscriba la protección de los derechos de propiedad intelectual a las consideraciones morales de promover el bien común de la gente, promueva los derechos de los trabajadores, vincule las políticas comerciales más directamente al problema de la migración, e invierta en programas sociales, económicos y de reducción de la deuda que acrecienten las oportunidades de que las personas más pobres aprovechen las oportunidades del mercado. Incorporar tales iniciativas dentro del CAFTA podría ampliar considerablemente la oportunidad de que el acuerdo contribuya a un desarrollo equitativo y sostenible en la región. Y no sólo América Central, sino también Estados Unidos se beneficiará de este resultado, que probablemente llevará a la paz y estabilidad regional, menor migración, menos narcotráfico y mayor prosperidad.


Notes

  1. Populorum Progressio, Encíclica del Papa Pablo VI sobre la Necesidad de Promover el Desarrollo de los Pueblos, 26 de marzo de 1967.

  2. “Al pueblo de Dios que camina en Centroamérica”, declaración emitida por los Obispos de América Central, El Salvador, 25 de noviembre del 2002.

  3. Véase la Declaración Ministerial de la OMC en Doha (párr. 19): “El Consejo de los ADPIC se regirá por los objetivos y principios enunciados en los artículos 7 y 8 del Acuerdo sobre los ADPIC y tendrá plenamente en cuenta la dimensión de desarrollo”.

  4. Nota de la Santa Sede en Preparación para la V Conferencia Ministerial en Cancún, 10 de septiembre del 2003.

  5. “Por la dignidad del campo, por la dignidad de México: Mensaje de los Obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral Social sobre la situación del campo mexicano”. Comisión Episcopal de Pastoral Social, Conferencia Episcopal Mexicana, enero del 2003.

  6. Sandra Polaski, “How to Build a Better Trade Pact with Central America,” Carnegie Endowment for International Peace, julio del 2003.

  7. Declaración de Mons. Frank Dewane, subsecretario del Consejo Pontificio Justicia y Paz, Delegación de la Santa Sede, en la V Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, Cancún, México, 13 de septiembre del 2003.

  8. Véase los artículos 8, 26 y 31 del Acuerdo de la Ronda Uruguay: ADPIC, Parte II — Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_04c_s.htm

  9. “Ethical Criteria Outlined for Use of Genetically Modified Organisms: Vatican Official Urges Respect for Biodiversity,” Zenit, 18 de agosto del 2003.

  10. Cfr. Papa Juan Pablo II, encíclica Laborem Exercens (1981), Nº 17, citada en la Intervención de la Santa Sede en la Conferencia de la OMC, 1999, op cit.

  11. La Comisión para el Estudio de la Migración Internacional y el Desarrollo Económico Cooperativo, establecida por el Gobierno de Estados Unidos para determinar mecanismos económicos de regulación de la migración, concluyó que “Aunque el crecimiento económico para crear mecanismos de empleo es la solución última para disminuir las tasas de migración, el proceso de desarrollo económico tiende a estimular la migración en el corto y mediano plazo”.

  12. Juntos en el camino de la esperanza ya no somos extranjeros. Carta pastoral de los Obispos Católicos de México y Estados Unidos sobre la migración, 2003

  13. Juntos en el camino de la esperanza ya no somos extranjeros. Carta pastoral sobre la migración, op.cit.



 






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