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FOR IMMEDIATE RELEASE

OBISPOS DE LA REGIÓN PUBLICAN DECLARACIÓN CONJUNTA SOBRE MIGRACIÓN


Cooperación entre gobiernos y desarrollo económico son factores clave
EE.UU. debería ofrecer protecciones legales a trabajadores extranjeros

WASHINGTON— Los obispos católicos participantes en la Consulta Regional sobre Migración que tuvo lugar en Washington del 2 al 4 de junio emitieron un comunicado conjunto en el que hicieron un llamado a la protección, la hospitalidad, el servicio y la justicia para los inmigrantes en todo el hemisferio.
           
Los obispos hicieron hincapié en varios asuntos que, a su entender, deberían tratarse a nivel regional, incluyendo el fomento del desarrollo sostenible en el hemisferio, la violencia y el tráfico de drogas así como de personas, la protección de los inmigrantes, refugiados y otras poblaciones vulnerables, y la ayuda especial a Haití.
           
También hicieron un llamado al Congreso estadounidense y a la Administración del Presidente Obama para que hagan valer la tradición de Estados Unidos como nación de inmigrantes y  “reformen la ley de inmigración de los Estados Unidos y de esta forma permitir que los migrantes que trabajan arduamente en la economía de los Estados Unidos disfruten de protección legal”.
           
“Esta reforma eliminaría la necesidad de crear leyes estatales y locales que criminalicen a los inmigrantes que no hayan sido admitidos de manera legal”, afirmaron los obispos. “También pondría fin a las deportaciones que separan a las familias.”
           
La reunión congregó a obispos católicos de Estados Unidos, Canadá, México y varios países de Centroamérica y el Caribe. También contó con la presencia de Mons. Antonio María Veglió, presidente del Consejo Pontificio de Migrantes e Itinerantes, así como de representantes del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM).
           
El texto completo de la declaración se ofrece a continuación.
           
Declaración de los participantes de la Consulta Regional sobre Migración
Conferencias de Obispos Católicos de Norteamérica, Centroamérica y Caribe
Washington, D.C.
4 de junio, 2010

Como obispos católicos responsables e involucrados en el área de migrantes de las Conferencias Episcopales de Estados Unidos, México, Canadá, Guatemala, Honduras, Panamá, Nicaragua, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Haití, con representantes del Celam y Selacc y con la presencia de Mons. Antonio María Veglió, Presidente del Consejo Pontificio de los Emigrantes e Itinerantes; reunidos en esta consulta regional en Washington, D.C., del 2 al 4 de junio de 2010 junto con nuestros colaboradores/as, laicos/as, consagrados/as y presbíteros reafirmamos nuestro compromiso hacia las personas migrantes y especialmente los más vulnerables quienes buscan protección o una vida mejor para sí mismos y para sus familias.

Expresamos varias reflexiones sobre la situación actual de la migración en este hemisferio, mismas que son consecuentes con nuestra postura permanente de que las personas migrantes deben ser protegidas contra daños mientras estén en tránsito y ser acogidas con hospitalidad, caridad y justicia en los lugares de destino. Esta postura concuerda con el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo, el cual insta a todos/as a “acoger a los forasteros” y declara que “todo aquello que hagas al más pequeño de mis hermanos me lo haces a mí”. (Mt 25: 35, 40).

Nos unimos en solidaridad a Su Santidad el Papa Benedicto XVI, cuando se dirigió recientemente al Pontificio Consejo de la Pastoral para los Emigrantes e Itinerantes e hizo un llamado a las naciones del mundo para que instituyan políticas y sistemas que ofrezcan a migrantes y refugiados “oportunidades de ser legalizados, fomentando el justo derecho a la reunificación familiar, el estado de asilo y de refugiado, compensado por las medidas restrictivas necesarias y oponiéndose a la terrible trata de seres humanos y al delito del secuestro”. Nos hacemos portadores de la llamada del Santo Padre a organismos internacionales y naciones a “resolver los problemas cruciales de seguridad y desarrollo para el beneficio de todos.” La falta de seguridad y desarrollo son precisamente algunos de los factores que contribuyen a la decisión de emigrar en algunas personas.

Es una realidad que en este hemisferio, la dignidad humana de las personas migrantes sigue siendo violada por sistemas gubernamentales y no gubernamentales en las naciones de origen, tránsito, llegada y retorno. Personas migrantes, refugiadas y en busca de asilo encuentran un calvario; son maltratadas y explotadas tanto por funcionarios del gobierno y autoridades policiales, como por contrabandistas y delincuentes, hecho que resulta paradójico si consideramos que estos hermanos/as vienen huyendo de la pobreza, desastres naturales, violencia o persecución. El aumento de la trata de personas en esta región es un terrible mal que va en aumento convirtiendo en víctimas a hombres, como a mujeres, niños/as y adolescentes.

Es importante reconocer que, al mismo tiempo muchos miembros de la Iglesia y otras personas de buena voluntad trabajan arduamente para proteger los derechos de las personas migrantes y se dedican a incidir en el cambio de leyes para asegurar la protección de los derechos humanos más elementales. Como Pastores, unidos a ellos/as, tratamos de sensibilizar a los gobiernos, a la sociedad civil, a los feligreses sobre la dura realidad de la migración y de la necesidad de mostrar compasión y justicia hacia aquéllos menos afortunados.

Asimismo, reconocemos y defendemos el derecho de nuestros gobiernos de asegurar la integridad de sus fronteras y el bienestar común de sus ciudadanos. No obstante, creemos firmemente que se pueden lograr esas metas y mantener el estado de derecho sin atentar contra los derechos humanos fundamentales de la persona. Los gobiernos pueden y deben colaborar de manera efectiva y coordinada para lograr el desarrollo y la estabilidad regional.

Teniendo en cuenta lo anterior, queremos destacar temas que deben abordarse a nivel regional con la cooperación de todos los gobiernos:

El fomento del desarrollo económico sostenible en este hemisferio. Los factores que incitan a las personas a emigrar en busca de trabajo son primordialmente, aunque no exclusivamente, económicos. Las familias de países más pobres luchan por satisfacer sus necesidades más básicas y los trabajos con sueldos suficientes para vivir escasean. Es necesario que se resuelvan los factores económicos fundamentales que causan la migración para que los migrantes puedan permanecer en su país de origen y mantener a sus familias.

Es importante que se evalúe el impacto de los tratados de comercio, tanto actuales como propuestos, y de las políticas agrícolas de la región respecto al desplazamiento de pequeños agricultores y trabajadores. Por ejemplo, el tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos (CAFTA), inicialmente creado para impulsar el desarrollo en la región, no ha logrado  llegar a los más desamparados. Las instituciones internacionales, especialmente las financieras, no han provisto el respaldo necesario para resolver la pobreza en la región. Los objetivos del milenio propuestos por la ONU se mantienen aún sin resolver. El pago de la deuda externa y el cambio climático son ahora otros elementos que impactan la movilidad humana. Todas estas herramientas y recursos económicos deberían ser utilizados de una manera que ayude a los más desposeídos a salir de la pobreza, eliminando la necesidad de migrar a otros países.

Los factores económicos que promueven la violencia. Las desigualdades económicas generan una serie de problemas sociales que, conjuntamente, crean un campo fértil para la violencia. La falta de oportunidades económicas, así como la falta de un sentido social, especialmente entre jóvenes adultos, exacerba el acercamiento a actividades clandestinas e ilícitas en muchos países del hemisferio. El incremento del poder de los carteles de la droga debe ser combatido mediante la aplicación de la ley pero también, erradicando el mercado de las substancias ilícitas, especialmente en Estados Unidos.

La protección de migrantes, refugiados y otras personas vulnerables en tránsito. Las personas en tránsito de este hemisferio están sometidas a secuestro, explotación, abuso y detención prolongada en todos los países. Deben examinarse y reformarse las leyes de cada país para instaurar mecanismos que garanticen el paso seguro, la protección y las debidas garantías procesales de los migrantes y sus familias, que garanticen que los delincuentes sean detenidos.

El estrago de la trata de personas. Aunque se ha progresado en la concientización de la trata de personas en este hemisferio, ha de hacerse mucho más para erradicar este mal. Participantes gubernamentales y no gubernamentales deben trabajar conjuntamente para abordar los factores económicos y sociales que hacen que las personas sean vulnerables a la trata de personas. Se deben erradicar las redes de trata de personas y proporcionar rescate y atención integral a las víctimas. Debe prestarse especial atención a los niños/as y adolescentes por ser las víctimas más vulnerables.

Ayuda a Haití. Hacemos un llamamiento a todos los gobiernos de este hemisferio a brindar un cuidado especial a las personas de Haití en la medida en que tratan de reconstruir su país después del terremoto de enero. Instamos a todas las naciones a que continúen con su apoyo y generosidad, pero también a que apliquen y enmienden sus leyes migratorias para acoger a haitianos y sus familias que ya no puedan permanecer en Haití.

Tradicionalmente, como nación de inmigrantes, los Estados Unidos de América y los norteamericanos, incluyendo católicos, han recibido y asistido a las personas migrantes en su integración a la sociedad. Hacemos un llamado al Congreso de los Estados Unidos de América y al actual Gobierno para que hagan valer esta honrosa tradición y reformen la ley de inmigración de los Estados Unidos y de esta forma permitir que los migrantes que trabajan arduamente en la economía de los Estados Unidos disfruten de protección legal. Esta reforma eliminaría la necesidad de crear leyes estatales y locales que criminalicen a los inmigrantes que no hayan sido admitidos de manera legal. También pondría fin a las deportaciones que separan a las familias. En todos los países de la región, continuamos acogiendo y protegiendo a migrantes y apelamos a nuestros gobiernos a hacer más humanas sus leyes de inmigración.

Como pastores de millones de católicos de este hemisferio, tenemos la obligación de defender los derechos de todos los miembros de nuestro rebaño, particularmente de los más vulnerables.
Instamos a todos los fieles de la comunidad católica de nuestras naciones a que se solidaricen con las personas migrantes y a que trabajen por un trato más justo y humano de las mismas.

Seamos dignos del consejo de nuestro Señor y Salvador: “Ven, tú que has sido bendecido por mi
Padre. Hereda el reino preparado para ti desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me acogiste…” (Mt 25: 34-35).

Entregado en Washington, D.C., el 4 de junio del año de nuestro Señor 2010

Firmantes:


Mons. Rutilio del Riego
Obispo Auxiliar Diócesis de San Bernardino
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos

Mons. Pedro Pablo Elizondo
Prelatura de Chetumal
Conferencia Episcopal Mexicana

Mons. François Gayot, S.M.M.
Arzobispo Emérito de Haití
Responsable de la Pastoral de Migrantes
Conferencia Episcopal de Haití

Mons. Pedro Hernández
Obispo de Darién
Responsable de la Pastoral de Migrantes
Conferencia Episcopal de Panamá

Mons. Bernardo Hombach
Obispo de Granada
Responsable de la Movilidad Humana
Conferencia Episcopal de Nicaragua

 

Mons. Fracois Lapierre
Obispo de Saint-Hyacinthe
Responsable de la Movilidad Humana
Conferencia Episcopal de Canadá

Mons. John Manz
Obispo Auxiliar de Chicago
Conferencia de Obispos Católicos de los  Estados Unidos

Mons. Thomas Maurus Muldoon
Obispo de Juticalpa
Responsable de la Pastoral Social y Cáritas
Conferencia Episcopal de Honduras

Mons. Francisco Ozoria
Obispo de San Pedro de Macorís
Presidente de la Comisión Nacional Movilidad Humana
Conferencia Episcopal Dominicana

Mons. Álvaro L. Ramazzini Imeri
Obispo de San Marcos
Responsable de la Movilidad Humana
Conferencia Episcopal de Guatemala

Mons. Ricardo Ramírez
Obispo de Las Cruces
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos

Mons. Rafael Romo Muñoz
Arzobispo de Tijuana
Responsable de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana
Conferencia Episcopal Mexicana

Mons. Ángel San Casimiro
Obispo de Alajuela
Responsable de la Movilidad Humana
Conferencia Episcopal de Costa Rica

Mons. Raúl Vera
Obispo de Saltillo
Conferencia Episcopal Mexicana

Mons. John C. Wester
Obispo de Salt Lake City
Responsable de Migration and Refugee Services
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos

Mons. Anthony Taylor
Obispo de Little Rock, Arkansas
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos


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Etiquetas: inmigración, reforma migratoria, desarrollo económico, Obispos Católicos de Estados Unidos

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CNSSp, Spanish Diocesan, Hispanic-All Media



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