El tráfico global de personas: Una forma moderna de esclavitud
por Margaret MacDonnell
En 1997, María entretuvo la propuesta de un conocido, quien le habló de restaurantes en Estados Unidos que necesitaban trabajadores. Con la esperanza de ganar lo suficiente para mantener a su hija y a sus padres, María aceptó la propuesta y fue llevada de México a Texas. Cuando llegó, sin embargo, encontró que no había los tales trabajos en restaurantes. Su jefe esperaba que ella trabajara como prostituta para pagar el costo de haberla traído clandestinamente. Cuando resistió, fue golpeada. Si ella o las otras mujeres que estaban con ella rechazaban a un cliente, eran violadas. Tenía 18 años, y no tenía dinero ni manera de regresar a su hogar.
María (no es su nombre verdadero) es una de un total estimado de 700,000 a dos millones de mujeres y niños en el mundo entero que cada año son víctimas de traficantes internacionales. Algunos son atrapados con la promesa de trabajo por paga en empleos legítimos; otros son secuestrados o comprados a miembros de sus propias familias. Una empresa criminal lucrativa, el tráfico de personas se considera hoy la tercera fuente más importante de ganancias para el crimen organizado.
Cada año aproximadamente 45,000 a 50,000 mujeres y niños son traficados a Estados Unidos, la mayoría para funcionar como obreros sin pago en fábricas o para ser forzados a la prostitución. De acuerdo a algunos estimados, una tercera parte de estas víctimas son menores de 17 años. Las víctimas vienen más a menudo del sureste de Asia, América Latina, y más y más de los Nuevos Estados Independientes (anteriormente el bloque soviético) y de Europa central y oriental.
Sus movimientos son restringidos por los traficantes quienes toman sus documentos legales, y las amenazan a ellas y a sus familias con violencia física. Como les dicen que la policía las pondrá en la cárcel por prostitución o por violaciones a las leyes de inmigración, tienen miedo de buscar ayuda.
El tráfico para la explotación sexual. Las víctimas femeninas, en particular aquellas que son traficadas para ser explotadas sexualmente, son frecuentemente golpeadas y violadas. Corren un alto riesgo de contraer enfermedades transmitidas sexualmente, incluyendo el VIH/SIDA. Las mujeres también pueden ser sometidas a abortos forzados y a otros riesgos serios a su salud reproductiva.
María se encontraba constantemente custodiada. Ella y las otras mujeres eran transportadas a diferentes lugares cada par de semanas, para que nunca supieran dónde estaban. Los guardias armados también las amenazaban con hacerles daño a sus familiares en México si trataban de escaparse.
Más y más, los niños están siendo forzados a la prostitución, en parte debido a la creencia errónea, pero popular, que es menos probable que los niños jóvenes transmitan el VIH. Los niños son secuestrados —o comprados— y traficados para satisfacer la demanda por la pornografía infantil y para abastecer la industria del turismo sexual que florece en muchos países subdesarrollados. Es muy probable que estos niños sufran daños a largo plazo a su salud emocional, psicológica y física. Comparados a niños que no han sido explotados sexualmente, los menores que han sido sometidos a la explotación sexual están más dispuestos a participar en comportamientos autoabusivos, como el abuso de drogas y del alcohol, y atentados de suicidio; también corren un mayor riesgo de ser asaltados física y sexualmente que los niños que no son explotados para el sexo.
El tráfico para la explotación sexual destruye las vidas de sus víctimas y esto tiene consecuencias para la sociedad entera. Las mujeres y los niños que son explotados sexualmente se enfrentan a una vida de destitución. Frecuentemente desarrollan enfermedades mentales y serios problemas de salud, como el VIH/SIDA y otras enfermedades contagiosas. Pueden dedicarse a otras actividades criminales para sostenerse económicamente. Los grupos internacionales de crimen organizado que participan en el tráfico prosperan y se expanden a medida que aumenta el tráfico.
María es una de las afortunadas. Después de un año de prostitución forzada en Texas, la INS hizo una redada en el prostíbulo donde estaba cautiva. Ella accedió a ayudar a enjuiciar a sus captores. Varios de ellos están sirviendo sentencias en prisión ahora en Estados Unidos. María contó su historia frente al Comité de Relaciones Internacionales de la legislatura de EE.UU. en noviembre del 2001, concluyendo su testimonio con esta plegaria:
Yo no vine a los Estados Unidos a ser prostituta. Vine para encontrar un futuro mejor para mi familia. Ninguna mujer, ningún niño quiere ser un esclavo sexual ni sufrir el mal que he sufrido... Por favor ayúdennos y no permitan que esto le suceda a nadie más.
El tráfico de mujeres y niños para su explotación sexual dejaría de ser lucrativo, claro está, y por consecuencia dejaría de existir, si no hubiera clientes para los prostíbulos. Es cierto que las agencias que hacen cumplir las leyes de Estados Unidos tienen recursos limitados y puede que no le den una alta prioridad al enjuiciamiento de casos de prostitución, a la que tan frecuentemente llaman "un crimen sin víctimas". Se debe animar a las autoridades a considerar que la esclavización y la prostitución forzada de mujeres y niños es un crimen atroz y a intensificar sus esfuerzos por investigar y hacer cumplir las leyes al respecto como corresponde.
El tráfico para las fábricas comerciales. Las víctimas que son ubicadas en fábricas comerciales, particularmente en la industria de la ropa, aguantan condiciones de trabajo que llegan de inferiores a inhumanas. Sus sueldos, lastimosamente bajos, pueden ser reducidos a una nada después de restarles los cargos exageradamente inflados por su transporte internacional y " pago por consecución de empleo", viviendas apretadas, comidas y gastos imprevistos. Esta práctica se conoce como "esclavitud por deuda". Dos ejemplos de este tipo de tráfico proveerán una idea del alcance del problema.
Una meca para la confección de ropa ha nacido en la pequeña isla Saipan en el Pacífico, parte de las islas Marianas del Norte, un protectorado de Estados Unidos. El setenta por ciento de esas fábricas son propiedad de extranjeros, en su mayoría chinos y coreanos. Como es un protectorado de Estados Unidos, los fabricantes en Saipan no tienen restricciones en sus cuotas ni pagan tarifas en los productos exportados a Estados Unidos, ahorrando así una suma estimada en $200 millones al año, de acuerdo al Departamento del Interior de Estados Unidos. Las prendas de Saipan también llevan etiquetas que dicen "Made in the USA" que muchos consumidores consideran una garantía de calidad.
En 1999, había treinta y una fábricas de ropa funcionando en Saipan y empleando alrededor de 15,000 obreros extranjeros, la mayoría mujeres, de China, Filipinas, Bangladesh y Tailandia. Un informe publicado constata que muchos de estos obreros "pagaron de $2,000 a $7,000 para trabajar en fábricas de ropas en Saipan. Algunos firman contratos restringentes que les prohíben casarse o enamorarse. La mayoría vive en cuarteles en la isla. Sus gastos de comida y alojamiento –típicamente $200 al mes– son deducidos de los cheques de sueldo de los obreros". (Janet Moore y Jon Tevlin, "The Labor Behind the Label," (Minneapolis)
Star Tribune, 20 de junio, 1999).
Los cuarteles y las fábricas están rodeadas de cercas altas, "algunas con alambres de navajas" (
Ibid.). Los cuartos, más o menos del tamaño de un cuarto de dormitorio en una universidad, alojan a seis mujeres cada uno. La semana laboral consiste de seis días de 10 horas de trabajo a un paso frenético. Una mujer describió como cosía dos mangas por minuto, 1,230 al día. "No hay días para enfermedad. No hay días feriados. No hay vacaciones". (
Ibid.) Si completan sus cuotas, trabajando 60 horas (incluyendo horas extras), se llevan a casa alrededor de $130 por semana, pero todo el sueldo del primer año puede tener que ser usado para repagar la deuda de hasta $7,000 al reclutador que le consiguió el trabajo (el traficante).
"Las agencias federales han documentado cientos de violaciones contra la salud, la seguridad y las normas laborales, y estafas involucrando a miles de obreros inmigrantes" en Saipan. (
Ibid.) éstas incluyen la escasez del agua disponible a los obreros en una instalación grande que duró un mes, el mayor incidente de envenenamiento por comida que la OSHA (Administración para la Salud y la Seguridad en el Empleo) haya investigado, y bacteria fecal coliforme en el agua potable de varias de las fábricas.
Las violaciones que salieron a relucir en los primeros años de la década de 1990 y aun más recientemente, motivaron a Levi Strauss a dejar de hacer negocio con compañías de Saipan. Tommy Hilfiger dejó recientemente de hacerles pedidos, y el jefe ejecutivo de operaciones de Liz Claiborne "pidió una investigación independiente de las condiciones en las fábricas". (
Ibid.) De acuerdo a un informe a la prensa de 1999, muchas compañías de Estados Unidos, incluyendo las siguientes, aún estaban comprando prendas de vestir hechas por las víctimas del tráfico en las fábricas de Saipan: Dayton Hudson (el cuarto detallista más grande de Estados Unidos y casa matriz de Target, Mervyn's, Dayton's, Hudson's y Marshall Field's), Gap, Sears Roebuck, Liz Claiborne, Ralph Lauren y Wal-Mart.
La esclavitud por deuda y las condiciones deshumanizante en Saipan son insignificantes en comparación con las existentes en El Monte, California, donde setenta y dos obreros traficados de Tailandia sufrieron una esclavitud de hasta diecisiete años. Julie Su, una abogada con el Centro Legal Asiático Pacífico y miembro de la junta directiva de Sweatshop Watch (SW) describe su situación en la página digital en Internet de SW:
Los obreros laboraban más de 18 horas al día en un complejo encerrado por alambres de púas. Guardias armados imponían la disciplina. Apretados de a ocho y hasta diez en cuartos construidos para dos, las ratas les andaban por encima durante sus pocas preciosas horas de sueño. ...
Sus captores, que supervisaban la producción de la ropa y hacían cumplir las especificaciones y los horarios de los fabricantes, gobernaban por medio del temor y la intimidación. A los obreros se les prohibía hacer llamadas sin supervisión o escribir cartas sin censura, y se les forzaba a comprar sus bienes de sus captores, quienes les cobraban de cuatro a cinco veces el precio del mercado para la comida, artículos para el aseo personal, y otras necesidades diarias. Viviendo bajo amenazas constantes de daños a ellos mismos o a sus familias en Tailandia, trabajaban en máquinas de coser en garajes oscuros y cuartos mal iluminados, haciendo ropa para fabricantes de marca que se vendían en algunos de los más grandes almacenes detallistas de América ... Mervyn's, Miller's Outpost, y Montgomery Ward. Otras se vendían en los estantes de las tiendas de departamento May, Nordstrom, Sears, Target, y en otras partes. (Julie Su, "El Monte Thai Garment Workers: Slave Sweatshops," disponible en http://www.sweatshopwatch.org/swatch/campaigns/elmonte
.html).
Después de una redada del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) en agosto del 1995, ocho operadores del "taller prisión" [
sweatshop] de El Monte fueron acusados de servidumbre involuntaria, secuestro, conspiración, contrabando y encubrimiento de los obreros tailandeses. Ellos se declararon culpables de algunos de las acusaciones. ¡La INS también detuvo a las víctimas del tráfico por violaciones de inmigración! Afortunadamente, la comunidad local pagó la fianza para liberarlos de su detención. "Iglesias, albergues, supermercados, y hospitales se presentaron para ayudar a proveer alojamiento temporal, comida y ropa de emergencia, y cuidado médico. Un obrero, cuyos dientes se habían podrido por falta de cuidado, y que se había sacado ocho de sus propios dientes mientras se encontraba confinado en El Monte, recibió una dentadura nueva de un dentista generoso. ... Todos los obreros tailandeses consiguieron nuevos empleos dentro de dos meses, un testamento a los esfuerzos de organizaciones basadas en la comunidad que trabajaron en coalición" (
Ibid.).
Queda claro por todas las historias ya presentadas, que aunque son numerosas y complejas, las raíces del tráfico de mujeres y niños —se destacan tres causas: la pobreza, la avaricia y el sexo.
La pobreza y las oportunidades de trabajo limitadas en algunos países hacen que las ofertas de trabajo en el extranjero suenen atractivas. La baja posición social de las mujeres y las niñas en muchas partes del mundo también juega un papel. Padres desesperadamente pobres pueden vender sus hijas hembras a los traficantes –a sabiendas de que lo son o no– para ayudar a sostener a la familia y para evitar tener que pagar dotes de matrimonio.
Una economía crecientemente globalizada ha llevado a una creciente demanda por productos de bajo costo, especialmente productos de labor intensiva como la ropa. Los traficantes ganan al extraer sumas exorbitantes del pago de los que entregan a las fábricas. Los fabricantes se benefician de los costos drásticamente reducidos de la mano de obra que les permite recibir ganancias sustanciosas en ventas a tiendas de departamento y tiendas de ropa especializadas cobrando menos que los competidores legítimos. Las tiendas de departamento y otros vendedores de ropa ven que sus ventas y sus márgenes de ganancias mejoran al adquirir los productos más económicamente.
El tráfico en personas humanas viola enseñanzas centrales de la Iglesia Católica: demuestra desprecio hacia la dignidad inherente de la persona humana y explota a aquellos que viven en pobreza. En la
Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo moderno (Gaudium et spes), el Concilio Vaticano II condena ciertas graves ofensas contra la vida humana en un pasaje reiterado "con la misma fuerza" por Juan Pablo II en
El Evangelio de la Vida (n. 3):
Todo lo que se opone a la vida, ... todo lo que viola la integridad de la persona humana, como las mutilaciones, las torturas corporales y mentales, incluso los intentos de coacción psicológica; todo lo que ofende a la dignidad humana, como las condiciones infrahumanas de vida, los encarcelamientos arbitrarios, las deportaciones, la esclavitud, la prostitución, la trata de blancas y de jóvenes; también las condiciones ignominiosas de trabajo en las que los obreros son tratados como meros instrumentos de lucro, no como personas libres y responsables; todas estas cosas y otras semejantes son ciertamente oprobios que, al corromper la civilización humana, deshonran más a quienes los practican que a quienes padecen la injusticia y son totalmente contrarios al honor debido al Creador. (Gaudium et spes, n. 27).
Aun más temprano, la encíclica del Papa León XIII de 1891
Rerum Novarum (Sobre la situación de los obreros) condena el maltrato de los obreros, advirtiendo a los patronos:
no considerar a los obreros como esclavos; respetar en ellos, como es justo, la dignidad de la persona, sobre todo ennoblecida por lo que se llama el carácter cristiano. ... Que lo realmente vergonzoso e inhumano es abusar de los hombres como de cosas de lucro... que oprimir para su lucro a los necesitados y a los desvalidos y buscar su ganancia en la pobreza ajena no lo permiten ni las leyes divinas ni las humanas. Y defraudar a alguien en el salario debido es un gran crimen, que llama a voces las iras vengadoras del cielo. (n. 15)
La Santa Sede continúa condenando el tráfico de mujeres y niños y la explotación sexual de los niños en varias conferencias internacionales. Ha pedido a los gobiernos que combatan la pobreza internacional por medio de más ayuda para el desarrollo, detectar y castigar a los explotadores de niños y fortalecer la familia, la cual es la protectora primordial de los niños. La Santa Sede también pidió que se reconociera la dignidad de todas las personas y que se le diera prioridad a programas de desarrollo para la educación y la salud de las mujeres y las niñas. Estos elementos son claves en la promoción del desarrollo humano genuino, además de asegurar que las mujeres y los niños no sigan siendo tratados como objetos para una ganancia económica.
En respuesta a los crecientes llamados para acción gubernamental, el congreso pasó el Acta para la Protección de las Víctimas del Tráfico de 2000 (TVPA por sus siglas en inglés). El TVPA establece una sentencia máxima de encarcelamiento de por vida para aquellos que son encontrados culpables de ciertos tipos de tráfico en personas. La ley también provee alivio para las víctimas del tráfico: pueden ser elegibles para los mismos beneficios que los refugiados, como estampillas para comida, y asistencia médica, y para servicios como consejería para crisis y ayuda con alojamiento de corto plazo; y puede que les sea posible permanecer en Estados Unidos bajo una recién creada "Visa T". Para ser elegibles, las víctimas del tráfico deben estar dispuestas a cooperar con las investigaciones o enjuiciamientos de los traficantes o tener menos de quince años y estar sujetos a daños severos y penuria extrema si son deportadas.
Actualmente, los Servicios de Migración y Refugiados de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos y otros están desarrollando maneras de proveer servicios a las víctimas del tráfico.
La TVPA también pide un informe anual del Departamento de Estado sobre las medidas que otros países están tomando para combatir el tráfico. Además, la ley incluye provisiones que le permiten a Estados Unidos proveer asistencia técnica a países que están haciendo un esfuerzo sincero para detener el tráfico humano. Cualquier país que no cumpla con los estándares básicos para eliminar el tráfico, o que no esté haciendo esfuerzos significativos para cumplir para el 2003, puede ser negado asistencia no humanitaria, no relacionada con el comercio, de Estados Unidos.
El primer informe sobre el cumplimiento internacional fue publicado en julio de 2001. En veintitrés de las más de ochenta naciones evaluadas, las leyes actuales no satisfacen los estándares mínimos para la eliminación del tráfico y no se están tomando medidas significativas para cumplir con esos estándares. El reporte clasifica al tráfico internacional de personas como un problema creciente que sólo puede ser resuelto con cooperación internacional entre gobiernos y organizaciones no gubernamentales.
Todos los elementos mencionados acerca del TVPA constituyen una fuerte declaración de parte del gobierno de Estados Unidos que no tolerará estos abusos a los derechos humanos. Sin embargo la implementación de la ley no ha sido tan rápida como se podría esperar, y sólo unas cuantas víctimas del tráfico se han beneficiado de sus provisiones hasta la fecha. Los católicos, informados acerca de la cuestión del tráfico humano y llevando el mensaje de Cristo de respeto para toda vida humana, pueden ayudar a asegurar que esta ley provea protección efectiva a las víctimas del tráfico y ayude a acabar con estas prácticas repugnantes.
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Margaret MacDonnell tiene una maestría en Trabajo Social de la Universidad Católica de América y recientemente completó un internado en Servicios de Migración y Refugiados, Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. Traducción: Dr. Marina A. Herrera, Bethesda, MD.
Copyright © 2002, United States Conference of Catholic Bishops, Washington, D.C. Todos los derechos reservados. Ilustraciones por Dolores Daly Flessner. 0252
Línea sin cargos para quejas: (888) 428-7581 con
capacidad para voz y TTY.
www.usdoj.gov/crt/crim/tpwetf.htm
Llame o visite el sitio en Internet para información sobre servicios a las víctimas o para reportar un crimen.
Office for Victims of Crime,
U.S. Department of Justice
810 7th Street, NW
Washington, DC 20531
(800) 627-6872 or (877) 712-9279 (TTY)
(Tiene un vídeo titulado "Víctimas del tráfico: Lejos de su hogar y desamparados" ["Victims of Trafficking:
Far From Home and Helpless."])
Office to Monitor and Combat Trafficking
in Persons, U.S. Department of State
1800 G Street, NW, Suite 2148
Washington, DC 20223
(202) 312-9639
United States Department of State
www.state.gov
Tiene numerosos documentos sobre la respuesta del gobierno de Estados Unidos al tráfico.
www.state.gov/g/drl/rls/traf/
Este sitio es donde se encuentra el reporte anual sobre el tráfico.
Child Exploitation and Obscenity
Section/Criminal Division,
U.S. Department of Justice
1400 New York Avenue, NW
Washington, DC 20530
202-514-5780
www.usdoj.gov/criminal/ceos
Violence Against Women Office (VAWO),
U.S. Department of Justice
810 7th St., NW
Washington, DC 20531
(202) 307-6026
www.ojp.usdoj.gov/vawo
VAWO puede proveer información sobre la violencia doméstica, el asalto sexual, y cuestiones de persecución.
Office of Refugee Resettlement, U.S.
Department of Health and Human Services
370 L'Enfant Promenade, SW
ORR / 6th Floor East
Washington, DC 20447
(202) 401-9246
www.acf.dhhs.gov/programs/orr
End Child Prostitution, Pornography and
Trafficking (ECPAT)
351 East 74th Street
New York, NY 10021
(212) 717-2530
www.ecpatusa.org
International Catholic Migration
Commission
1319 F St., NW, Suite 600
Washington, DC 20004
(202) 393-2904
www.icmc.net
Catholic Relief Services
209 West Fayette Street
Baltimore, MD 21201-3443
(410) 625-2220
www.catholicrelief.org
Para más información Para ayudar a combatir el tráfico en personas, considere lo siguiente:
- Forme un grupo en su parroquia que se mantenga informado acerca del asunto y llamará la atención de las agencias de servicio locales y los que enforzan la ley. Sea un defensor de los derechos de las víctimas y ayude a apoyar las necesidades de cualquier víctima en su comunidad.
- Anime a su capítulo local de las Caridades Católicas, instalaciones católicas para el cuidado de la salud, y otras organizaciones religiosas apropiadas a desarrollar servicios profesionales para responder a las necesidades sociales, de salud y de servicios legales de las víctimas del tráfico.
- Hable con su familia, amigos y colegas acerca del tráfico de personas. La toma de conciencia es el primer paso para luchar contra este tipo de mal.
- Escriba cartas y e-mails a su prensa local y a los reporteros. Pídales que se involucren.
- Contacte líderes políticos y cívicos. Déjeles saber que este es un asunto importante.
- Observe y asegure que el gobierno de Estados Unidos imponga las sanciones contra aquellos países que no estén haciendo esfuerzos significativos para eliminar el tráfico