Inmigración

Semana de la libertad religiosa 2024: 25 de junio

Reza para que el Señor proteja a todos los migrantes y refugiados, y que todos los que trabajan con personas en movimiento sean libres para servir.

Reflexiona
Como parte de su deber de defender el bien común, las autoridades civiles son responsables de garantizar el orden público, incluido el mantenimiento de las fronteras nacionales. Al mismo tiempo, Jesucristo manda a la Iglesia a que sirva a las poblaciones vulnerables, incluidos los migrantes y refugiados, y a que reconozca la dignidad que Dios les ha otorgado. La Iglesia ha buscado durante mucho tiempo atender las necesidades de las "personas en movimiento", desde satisfacer las necesidades básicas hasta ayudar con el reasentamiento y ofrecer servicios legales para ayudar a los recién llegados a explorar las expectativas del país de acogida. Lamentablemente, en los últimos años, los servicios cristianos a los inmigrantes han sufrido ataques viles tanto por parte de personalidades de los medios de comunicación como de líderes políticos que pretendían dejar en claro su punto de vista sobre las tendencias actuales de la inmigración. Los debates sobre inmigración y fronteras son simplemente parte de la vida política estadounidense, y los cristianos deberían hacer su parte para que esos diálogos sean saludables y productivos. Los ataques a los servicios caritativos católicos, que han dado lugar a amenazas de violencia contra los fieles y aquellos a quienes sirven, no tienen nada que ver con un debate sano. Una nación que respeta sus instituciones religiosas reconocerá el derecho de la Iglesia a llevar a cabo su misión con las personas vulnerables, incluidos los migrantes y refugiados.

Actúa
La doctrina social católica reconoce el derecho y la responsabilidad de un país de gestionar sus fronteras de acuerdo con el bien común, y los obispos estadounidenses han sido firmes defensores de la reforma migratoria durante muchos años. Sin embargo, los proyectos de ley presentados recientemente en el Congreso, como la Ley de Seguridad de la Frontera (H.R. 2), a la que se opone la USCCB y que apunta a las organizaciones que sirven a los recién llegados, ponen de relieve tanto la naturaleza partidista del debate sobre la inmigración como la posibilidad de que los grupos religiosos sean los chivos expiatorios de las consecuencias de que los funcionarios públicos no logren soluciones justas y bipartidistas en materia de inmigración. Algunos legisladores exigen que la H.R. 2 se promulgue como condición para aprobar proyectos de ley que financien al gobierno federal. Actúa hoy para animar al Congreso a trabajar hacia una reforma migratoria bipartidista que promueva el bien común, defienda la libertad religiosa y respete la dignidad dada por Dios a todos.

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