Chelsy Gomez
29 de junio de 2018
La Corte Suprema recientemente emitió su fallo en el caso NIFLA v. Becerra que afirmaque los centros para embarazos en crisis tienen posibilidades de tener éxito en su disputa a una ley de California que los obligaba a publicitar y remitir a abortos. La Corte sostuvo que los centros tenían derecho a un mandamiento preliminar para detener el cumplimiento de la ley.
La así llamada "Acta FACT de la Reproducción" de California exigía a los centros médicos de apoyo durante el embarazo que brinden información a los clientes sobre abortos financiados públicamente, en contraposición directa con su misión y propósito. El National Institute of Family and Life Advocates (NIFLA), un grupo de defensa a los centros de recursos para el embarazo, cuestionó la ley, afirmando que violaba el derecho de la Primera Enmienda a la libertad de expresión de los centros. En un fallo 5-4, la Corte Suprema estuvo de acuerdo.
La Corte determinó que el gobierno estaba equivocado en obligar a los grupos y personas a favor de la vida a expresar un mensaje que vaya en contra de sus creencias. Para mantener una sociedad verdaderamente libre, el gobierno no puede obligar a decir algo que viole las convicciones de una persona u organización, especialmente en temas controvertidos como el aborto.
En una declaración, el Cardenal Timothy M. Dolan, presidente del Comité de Actividades Pro-Vida de la USCCB afirmó que esto era "una importante victoria para los derechos de la libre expresión de las organizaciones provida". Celebró que el voto de la Corte permita "a los centros provida de ayuda a embarazadas que sigan proporcionando el apoyo a la vida de la madre y el niño, sin ser forzados por los gobiernos a proporcionar publicidad gratuita para el acto violento del aborto en directa violación de las convicciones de los centros a favor de la vida".
La Corte Suprema sistemáticamente sostuvo que la hostilidad del gobierno hacia las personas de fe es inconstitucional y no tiene un lugar en nuestra sociedad. Como escribió el ministro de la Corte en el dictamen, la ley de California "apunta a los oradores, no a la expresión, e impone un requisito de divulgación excesivamente pesado que relajará su expresión protegida".
Los centros de cuidado de embarazadas brindan recursos prácticos, información y apoyo emocional en forma gratuita a las mujeres que acuden a ellos. Las leyes injustas como la "FACT Act" injustamente ponen una carga sobre quienes desean servir a sus comunidades, amenazando el bienestar de miles de mujeres, niños y familias que dependen del cuidado y recursos que brindan estos centros.
Por suerte, la Corte Suprema reconoció que el gobierno no puede obligar a decir algo que viole nuestras creencias profundas. El ministro Kennedy escribió en su opinión concurrente: "Esta ley es un ejemplo paradigmático de la grave amenaza que se presenta cuando el gobierno busca imponer su propio mensaje en el lugar del decir, pensamiento y expresión individuales".
Dado que los gobiernos están tratando cada vez más de obligar a las instituciones religiosas a respaldar ideas seculares que se oponen directamente a sus creencias religiosas, es oportuno que la decisión de la Corte haya sido anunciada durante la Semana de la Libertad Religiosa: un tiempo en el cual los obispos han pedido a la Iglesia que rece y actúe para la protección de la libertad religiosa en los Estados Unidos y el extranjero. La decisión de la Corte fue más que bienvenida y revitaliza nuestros esfuerzos mancomunados para este propósito.
El amicus curiae (expediente de amigo) de la USCCB presentado en la Corte Suprema para apoyar a NIFLA resaltó que este caso no se trataba principalmente sobre el aborto, sino sobre el derecho de la Primera Enmienda de todas las organizaciones religiosas a escoger por sí mismas no solo qué decir, sino "qué no decir". Mientras esperamos alegres la celebración del Día de la Independencia el 4 de julio, damos agracias a nuestro Dios por un país cuya Constitución defiende el derecho a la libertad de expresión y al libre ejercicio de la religión, y rezamos por el valor para siempre defender ese derecho cuando se vea cuestionado.
Chelsy Gomez es Asociada de programas para el Secretariado de Actividades Pro-Vida de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. Para más información acerca de las actividades pro vida de los obispos, vea: www.usccb.org/prolife.