La libertad de la mujer, redefinida
Richard Doerflinger
11 de abril 2014
Cada parte de esta descripción es engañosa. La mayoría de las organizaciones religiosas no están exentas; y las Hermanitas de los Pobres y otras organizaciones religiosas sin fines de lucro han entablado cuarenta y siete demandas en las que afirman que el mandato las obliga a ayudar a brindar cobertura a la que tienen objeciones.
¿Pero qué sucede con la última frase, sobre los empleados que los escogen pueden obtenerlos? Los partidarios del mandato dicen que de esto realmente se trata el debate: Los empleadores no deberían citar su propia libertad religiosa para limitar la “libertad reproductiva” de sus empleadas. Aseguran que el mandato se refiere a asegurar la libertad de elección de las mujeres. Pero esa afirmación también es errónea, por varios motivos.
En primer lugar, el mandato es por supuesto cobertura obligatoria para la esterilización y todos los anticonceptivos aprobados por la FDA. Una mujer no “elige” utilizarlos o no. Incluso si elige no obtener anticonceptivos para sí misma, sus primas los comprarán a otras mujeres que están en su plan de salud.
En segundo lugar, no puede elegir si su hija adolescente menor obtendrá la cobertura o los anticonceptivos. Cada persona dependiente que esté en su plan de salud familiar tendrá acceso a anticonceptivos “gratuitos”, y a “educación y orientación” privadas para promover su uso, y debido a las reglas de confidencialidad médica, una madre puede ni siquiera saber que su hija de 13 años de edad recibe hormonas recetadas para que pueda tener sexo “seguro”.
Las mujeres que quieren métodos anticonceptivos para sí mismas pueden valorar la libertad de elegir un método que se adapte mejor a sus propias metas. Pero esa libertad por lo general no depende de obligar a los empleadores. Por ejemplo, los anticonceptivos orales están disponibles en casi todas las farmacias por poco dinero al mes; la “anticoncepción de emergencia” está disponible sin prescripción médica para todas las edades.
Los partidarios del mandato responden que la política no se refiere principalmente a tales métodos, que son económicos pero pueden tener altas tasas de fracaso en la práctica. Sin embargo, el mandato puede hacer que más mujeres utilicen drogas y dispositivos que son inicialmente más costosos, pero más efectivos: los DIU, implantes e inyectables que juntos se los denomina “anticonceptivos reversibles de larga duración” (o LARC, sigla en inglés). Estos tienen años de duración sin acción alguna por parte de la mujer, y no pueden quitarse ni revertirse sin la intervención de un médico. El American College of Obstetricians and Gynecologists dice que la ventaja de los anticonceptivos LARC sobre otros anticonceptivos es que su efectividad es “independiente de la motivación del usuario”, es decir, no depende de la propia elección de la mujer.
El programa modelo de demostración aquí es el programa “Contraceptive CHOICE” (Anticonceptivo de ELECCIÓN) realizado en St. Louis en los últimos años. El programa tiene un nombre curioso. Abandonó el enfoque usual “sin directivas” a la orientación de planificación familiar, en cambio alienta activamente a las mujeres sexualmente activas a que les pongan los anticonceptivos LARC en su cuerpo sin costo alguno. Las mujeres se las controlaba en forma regular posteriormente para asegurarse que siguieran comprometidas con el programa. No es de sorprender que tenían pocos embarazos, porque en realidad habían sido esterilizadas.
Expandir tal programa en todo el país puede disminuir los embarazos y nacimientos en los Estados Unidos, aunque nadie ha explicado aún por qué eso es una prioridad tan alta para nuestro gobierno, en una sociedad que envejece cuya población ya ha caído por debajo del nivel de reemplazo. Pero esta es la meta del gobierno, la cual se persigue sin mucha consideración de lo que las mujeres mismas puedan querer. Una elección de dejar de usar anticonceptivos por un tiempo y estar abiertas a tener un bebé no es parte de su agenda. Los métodos que se promoverán, y los medios para promoverlos, tienen poco que ver con las elecciones que las mujeres pueden realizar de otro modo, y en parte están elaborados para ignorarlas.
¿Es esto lo que las mujeres quieren realmente?: ¿Que las “asesoren” porque sus propias decisiones muy humanas, y por lo tanto cambiantes, sobre tener un hijo no sirven, y requieren ser ajustadas por médicos y funcionarios del gobierno con su propia agenda y que saben más? ¿Por qué será que esta nueva definición de “libertad” se asemeja a lo que las feministas solían llamar paternalismo masculino?
Richard M. Doerflinger es subdirector del Secretariado de Actividades Pro-Vida de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. Para más información acerca de las actividades pro vida de los obispos, visite www.usccb.org/prolife.