Richard M. Doerflinger


21 de agosto de 2009

Los esfuerzos del Congreso por promulgar una reforma al sistema de salud han desatado un vigoroso debate nacional. Desde el punto de vista católico el tema que subyace es claro: decenas de millones de estadounidenses carecen de seguro de salud básico; muchos más se arriesgan a perderlo a medida que los costos suben. Y esto es un asunto de justicia. Como expresó hace casi medio siglo Juan XXIII: “[El hombre] tiene un derecho a la existencia, a la integridad corporal, a los medios necesarios para un decoroso nivel de vida, cuales son, principalmente, el alimento, el vestido, la vivienda, el descanso, la asistencia médica…” (Pacem in Terris, no. 11). Una sociedad que no asegura a sus ciudadanos en necesidad los vitales servicios de salud básicos, fracasa en una responsabilidad esencial.

Puesto que el derecho a los servicios de salud se basa en el derecho a la vida, también está claro que lo que ataque la vida no es, en absoluto, cuidado de salud, ni tampoco es una meta legítima de su reforma. la Iglesia insiste en que esta reforma es una meta demasiado importante y legítima para verse apropiada por agendas destructivas como la cobertura obligatoria del aborto.

También han surgido preocupaciones acerca del modo en que la reforma podría tratar a las personas que están al final de su vida, específicamente lo que establece la Sección 1233 del proyecto de ley que cursa en la Cámara de Representantes, acerca de “consultas sobre planificación del cuidado avanzado”. Quienes apoyan este texto alegan que es una estipulación inocua colocada ahí para asegurar que se respeten los deseos de los pacientes de edad avanzada cuando ya no puedan expresarse por sí mismos; quienes se oponen ven la ominosa mano del gobierno empujando suavemente a la abuela hacia el precipicio.

Pienso que la verdad se halla en algún punto intermedio. Esta sección dice que si los doctores hablan con pacientes del Medicare acerca de “apoyo y servicios para el final de su vida”, por ejemplo, el beneficio de tener instrucciones avanzadas conocidos como “testamentos en vida” etc., el Medicare pagará a esos doctores por el tiempo empleado.

Una preocupación en este punto es que el gobierno o los doctores podrían tener agendas en contradicción con las metas e intereses de los pacientes. Cuando un funcionario federal propuso por primera vez que el gobierno estimulara a las personas mayores a firmar testamentos en vida, en 1977, fue parte de un memorando explicando cómo reducir los gastos del gobierno en el renglón de la salud. Esta acción motivó una censura de parte de los obispos católicos y otros.

Otro problema es la presunción de que documentos como los testamentos en vida son siempre positivos, sin importar su contenido. La evidencia, en cambio, sugiere que son instrumentos imperfectos que no siempre sirven los intereses de los pacientes (véase el informe Taking Care del Presidente del Consejo de Bioética, www.bioethics.gov/reports/taking_care/chapter2.html). Las consultas también promoverán cualquier directiva de consentimiento informado que sirva de modelo en el estado donde resida el paciente, y los documentos en algunos estados no establecen distinciones cuidadosas entre medios ordinarios y extraordinarios. Los pacientes podrían no darse cuenta de que firmar algunos formularios podría resultar en que se les nieguen incluso atenciones ordinarias como nutrición e hidratación, durante una enfermedad crónica, aunque no-terminal. (La Sección 1233 incluye “nutrición e hidratación administradas artificialmente” entre los tópicos de consulta).

Estas preocupaciones han persuadido a redactores clave del proyecto de reforma del sistema de salud en el Senado a desestimar esta propuesta, lo cual causó la reacción del principal proponente del suicidio asistido por médicos, la Hemlock Society (cuyo nombre fue cambiado a “Compassion and Choices” para enmascarar su entusiasmo por envenenar a los ancianos). El grupo declara que ha“trabajado incansablemente con miembros del Congreso” para insertar la estipulación, y lamentó que pudiera ser descartada debido a “información errónea” de que “promovería la eutanasia”.

Una insinuación a los proponentes: si quieren acallar la preocupación de que promovería la eutanasia, no se jacten de que es apoyada por grupos que promueven la eutanasia. Luce que la Sección 1233 tendrá una muerte tranquila y digna, y podemos continuar tratando de llegar a un acuerdo sobre cómo cubrir a las personas que carecen del más mínimo cuidado de salud.

Richard Doerflinger es el subdirector del Secretariado de Actividades Pro-Vida de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. Para más información sobre las actividades pro vida de los obispos visite www.usccb.org/prolife.

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