Nuestra nación fue fundada bajo elprincipio de que todos los seres humanos "son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables". Estos derechos, como explica la Declaración de la Independencia, no son regalos de un gobierno civil sino componentes inherentes de nuestra humanidad y recibidos de Dios. La Constitución proclama que el propósito del gobierno es "asegurar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los beneficios" de estas libertades. 

A pesar de la objeción de conciencia en las leyes federales y del estado de Nueva Jersey, las enfermeras de la Unidad de Cirugía Ambulatoria de un gran hospital de Newark se quedaron atónitas cuando los supervisores les hablaron de un cambio de política: tendrían que asistir en los abortos.         

La enfermera Beryl Ngoje explicó: "Yo no podía hacer lo que me pedían que hiciera. ... Uno va en contra de lo que crees, ¿quién eres? ¿Qué te queda? Sólo una sombra de lo que eres".           

Cuando más de una docena de enfermeras se opuso a la política por escrito, se les dijo que podían ser transferidas o incluso despedidas por negarse a cumplir. Afortunadamente, sus abogados obtuvieron una orden que detenía la capacitación obligatoria para abortos y finalmente convencieron al hospital para llegar a un acuerdo aprobado por el tribunal que protegía a las convicciones religiosas de los enfermeros en contra de tomar parte en abortos y les permitió mantener sus puestos de trabajo sin temor a represalias.   

Para los Fundadores, uno de los derechos más importantes fue la libertad de conciencia: la libertad de honrar y practicar los principios religiosos personales. James Madison describió este derecho como "la más sagrada de todas las propiedades" y garantizó con la Primera Enmienda protección para que cada uno practique libremente su religión. El general George Washington respetaba tanto los derechos de los creyentes religiosos que rehusó obligar a los cuáqueros pacifistas a que lucharan en su ejército, aunque necesitaba desesperadamente hombres para luchar por la independencia.

Nuestra Iglesia Católica defiende la misma concepción de libertad, también en cuestiones religiosas. La Iglesia, al igual que los documentos que constituyen la piedra angular de nuestra nación, enseña que Dios dota a la gente de sus derechos naturales. Y la Iglesia, al igual que los Fundadores de nuestra nación, contempla la libertad religiosa de todos –católicos, protestantes, judíos, musulmanes, hindúes, ateos, agnósticos, etc.– como un derecho humano inherente. La Iglesia enseña que la fe es un acto de libre albedrío y, por lo tanto, todas las personas deben ser libres de vivir según sus creencias religiosas–incluso creencias religiosas equivocadas–siempre y cuando "no se violen las justas exigencias del orden público".1 Jesús no obligó a nadie a aceptar su mensaje y ninguna otra persona debería hacerlo.2

Por lo tanto, la Iglesia y la ley civil enseñan que–por regla general– el gobierno no debe obligar a la gente a violar sus creencias religiosas. Por ejemplo: por ley, nuestro gobierno federal solo puede obligar a la gente a violar su religión en el extraño caso de que tenga un interés verdaderamente apremiante que solo pueda alcanzarse limitando el libre ejercicio de su religión.3 Este principio tampoco es partidista: la ley federal de libertad religiosa fue propuesta por el senador Ted Kennedy, firmada por el presidente Bill Clinton y aprobada en el Senado con 97 votos.

Por lo tanto, en lo que respecta a la libertad religiosa, los católicos estadounidenses no necesitan preguntarse qué es del César y qué es de Dios. Ambas autoridades piden lo mismo: proteger activamente la libertad religiosa de todos. Y ambas establecen la misma regla general de que una sociedad justa y tolerante no debe obligar a la gente a violar su religión, a menos que haya una razón extremadamente importante para hacerlo.

Lamentablemente, este amplio compromiso con la libertad religiosa es atacado cada vez más. En los últimos años, los gobiernos han tomado una serie de pasos diseñados para obligar a las instituciones y personas religiosas a renunciar a su fe religiosa. Por ejemplo: el gobierno federal recientemente le dijo a la Corte Suprema que el gobierno tiene el derecho de ordenarle a una iglesia quién debe servir como ministro. Algunos gobiernos estatales han intentado quitarle la licencia a algunos farmacéuticos debido a sus obligaciones religiosas de no proveer abortivos. En Massachusetts, Caridades Católicas fue obligada a dejar de buscarles hogares adoptivos a los huérfanos por no poder ubicar a los niños en hogares con padres del mismo sexo.

El gobierno federal ha afirmado que las personas religiosas renuncian a todos los derechos de su libertad religiosa cuando abren un negocio para ganarse la vida. Se considera que la legislación obliga a las instituciones religiosas a reunir y entregar información sobre los inmigrantes a quienes sirven.

Cada una de estas medidas es, a su manera, un ataque a la diversidad religiosa y un esfuerzo por usar el poder coercitivo del gobierno para controlar o castigar las actividades religiosas. Cuando los gobiernos obligan a las instituciones y a la gente a renunciar a sus creencias religiosas, todos pierden. Los creyentes y las instituciones religiosas sufren porque deben enfrentar una decisión imposible: renunciar a su religión o cerrar las puertas y dejar de ganarse la vida o de servir a los necesitados. En una nación liberal y diversa, ese tipo de ultimátum casi nunca es aceptable. El curso apropiado –como demostró George Washington con los cuáqueros– es encontrar maneras de respetar las objeciones religiosas, para que la gente de todos los credos sea bienvenida.

Cuando se atropella la libertad religiosa no solo sufren los creyentes. La gente que es servida por las instituciones y personas religiosas también sufre las amenazas a la libertad religiosa. Recuerde cuando Illinois intentó obligar a todos los farmacéuticos a vender abortivos. Aunque el Estado sostenía que la ley era necesaria porque los objetores de conciencia estaban interfiriendo en el acceso a esos fármacos, con el tiempo tuvo que admitir que en ningún momento una persona no pudo obtener el fármaco debido a un objetor de conciencia. Pero la ley tuvo un impacto muy real en el acceso a cuidados de salud –al menos una farmacia debió cerrar sus puertas, algunos farmacéuticos abandonaron el Estado y probablemente otros eligieron otra profesión– en un momento en que el Estado tenía una escasez documentada de farmacéuticos. El Estado, al ir tras los objetores de conciencia y buscar implementar sin excepciones la ley del gobierno, hizo que todos tuvieran menos acceso a los cuidados de salud.

Lo mismo se aplica al contexto del mandato del Departamento Federal de Salud y Servicios Humanos en lo relativo a los anticonceptivos/abortivos. Muchas personas religiosas no pueden, sin ir en contra de su conciencia, ofrecer cobertura médica para abortivos. Sin embargo el gobierno sigue presionando a esta gente con la amenaza de multas exorbitantes–algunas de más de un millón de dólares– por el pecado de ofrecer una cobertura médica que excluye los abortivos. No debemos, como sociedad, aceptar la decisión de un gobierno de presionar a la gente para que renuncie a su religión. Especialmente en momentos de crisis económica, debemos darle la bienvenida y las gracias a los creadores de puestos de trabajo, y debemos respetar las diferencias religiosas en vez de quitar empleadores de la esfera pública. Nuestra historia es testimonio de los grandes beneficios que cosechamos cuando las instituciones y las personas religiosas son libres de practicar libremente sus valores religiosos, como lo hicieron en el movimiento abolicionista, en el movimiento por los Derechos Civiles y en el movimiento obrero.

Al haber recibido estos "beneficios" de la libertad religiosa, tenemos la obligación común–como católicos y estadounidenses– de considerar qué podemos hacer para "asegurar" no solo "para nosotros mismos" sino también "para nuestros descendientes" dichos beneficios. Existen muchas posibilidades, como informarnos e informar a nuestros familiares, ponernos en contacto con nuestros representantes, rezar, votar y hablar con nuestros vecinos sobre por qué vale la pena proteger la libertad religiosa. En pocas palabras, tenemos que recordar que nuestra diversidad religiosa es un punto fuerte y que las diferencias religiosas deben respetarse y aceptarse, y no deben ser atropelladas por el gobierno.


Mark L. Rienzi es consejero superior de The Becket Fund for Religious Liberty y profesor de derecho constitucional de Catholic University of America.

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1 Concilio Vaticano II, Declaración sobre la libertad religiosa Dignitatis Humanae, no. 2.
2 Id. no. 11.
3 Ver 42 U.S.C. 2000bb.­­­­­­­­­