Organizaciones católicas de beneficencia en el ámbito nacional y local, han ofrecido servicios en todo el país a gente necesitada, sin tener en cuenta su estado migratorio. Sin embargo, varios estados han aprobado recientemente leyes que prohíben lo que las legislaturas estatales consideran "refugiar" a inmigrantes indocumentados, y lo que la Iglesia considera caridad cristiana y cuidado pastoral hacia dichos inmigrantes.
En Alabama, por ejemplo, los obispos católicos, en cooperación con los obispos episcopales y metodistas del Estado, iniciaron acciones judiciales contra una ley que prohibía "refugiar" a inmigrantes indocumentados. Juntos, explicaron que la "ley prohíbe el ejercicio de nuestra religión cristiana la que, como ciudadanos de Alabama, tenemos derecho a practicar". Expresaron su preocupación de que la prohibición de "dar refugio" (cuando se conoce o no se tiene en cuenta el hecho de que la persona es un inmigrante indocumentado) sería una gran carga para sus iglesias y su misión de servir a los inmigrante indocumentados.
La ley tendría un efecto aterrador en sus ministerios; entre otras cosas, estos dirigentes religiosos temían que la prohibición de "dar refugio" se extendiera a actividades como "animar [a los inmigrantes] a asistir a misa o llevarlos a misa", "aconsejarlos en momentos difíciles o cuando se preparan para el matrimonio" e invitarlos a "asistir a reuniones de Alcohólicos Anónimos u otros grupos de rehabilitación en las iglesias".
Otros estados han adoptado leyes similares que ponen en riesgo los cuidados pastorales que la Iglesia ofrece a inmigrantes indocumentados. En 2012, la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos y otros grupos cristianos presentaron un expediente de amigo en la Corte Suprema en el caso Arizona versus Estados Unidos. Explicó cómo la ley de Arizona y leyes inmigratorias estatales similares amenazan la misión católica de ofrecer alimento, refugio y cuidados al prójimo. Más tarde en 2012, la Corte Suprema de EE. UU. emitió su decisión y encontró que muchas de las provisiones de la ley de Arizona están contenidas en la ley de inmigración federal, y por tanto estas provisiones fueron derogadas.
En los últimos meses, la nueva Administración ha intentado impedir a los refugiados –muchos de los cuales han sufrido severas persecuciones religiosas en sus países de origen– de entrar a los Estados Unidos. Afortunadamente, los tribunales federales han impedido que el gobierno federal imponga partes de sus órdenes ejecutivas restringiendo a los refugiados porque las órdenes tienen el efecto de discriminar contra personas de una religión particular, violando la Cláusula de Establecimiento de la Constitución.
¿Está siendo amenazada nuestra más preciada libertad?
Entre muchos desafíos actuales, estas leyes estatales inmigratorias afectan la libertad religiosa de la Iglesia que tienen como fin ofrecer caridad cristiana y cuidado pastoral a personas de todos los orígenes y religiones. La libertad religiosa no es solo libertad de culto; también incluye nuestra habilidad para contribuir al bien común de todos los estadounidenses sin tener que comprometer nuestra fe. Si no hay libertad religiosa propiamente entendida, sufrimos todos, incluso quienes buscan una vida mejor aquí en Estados Unidos.